En un país de leyes la dureza de las autoridades para aplicarlas puede ser razonable, pero sus métodos son debatibles.

A juzgar por lo que hemos visto en la actual política de la administración de Donald Trump de persecución abierta contra indocumentados, las autoridades se están llevando por delante a personas sin antecedentes penales y hasta residentes legales y ciudadanos norteamericanos.

Las órdenes provenientes de la Casa Blanca y del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), han generado reacciones en diferentes sectores de la sociedad estadounidense, desde autoridades federales, estatales y de ciudades con alto compenente de población inmigrante hasta organizaciones comunitarias y personas naturales que han visto vulnerados sus derechos.

En la aplicación de la ley se está pasando por encima de la ley. Deportaciones de ciudadanos estadounidenses, persecución abierta contra minorías utilizando el perfil racial, amenazas contra autoridades de gobierno que están a favor de ciudades y estados “Santuario”, abusos en las prácticas de autoridades migratorias para detener a personas sospechosas de ser indocumentadas, constituyen una sumatoria de hechos peligrosos en un país de leyes.

Estas prácticas avaladas por el gobierno han provocado el incremento de abusos contra la ciudadanía.

El aumento de denuncias contra patronos que amenazan a empleados con llamar a inmigración para evitar pagarles por los trabajos para los que fueron contratados, es decir para estafarlos, es una muestra de ello.

Según la Oficina de la Comisionada del Trabajo de California, Julie Su, hasta el 22 de diciembre del 2017, los obreros habían presentado 94 reclamos sobre asuntos relacionados con inmigración, lo que representa un incremento significativo en relación al 2016, con 20 reclamos y el 2015, con 7.

Dicho en otras palabras, ahora los patrones se sienten más cómodos al utilizar a ICE como un arma debido al aumento de la retórica antiinmigrante. Esta práctica indignante no es nueva, solo que se ha incrementado.

De otro lado, la comunidad latina se está organizando para que los inmigrantes conozcan sus derechos y evitar que estas, y otras sucias prácticas se sigan utilizando.

Es el caso que también reportamos en nuestra página de internet sobre “José”, un beneficiario de DACA, que asistió a la capacitación de “conozca sus derechos”, a través de una organización comunitaria.

José recibió una llamada de un agente de ICE, requiriendo su presencia para revisar el edificio de apartamentos que él administraba, en busca de indocumentados.

Los ‘agentes’ salieron de vehículos sin identificación y pretendían entrar a la propiedad sin una orden judicial, como lo ordena la ley.

José dijo que se estaba asegurando de que tenían una orden de un tribunal, firmada por un juez. La firma no estaba allí. “Lo siento”, le dijo a ICE. “Para que yo pueda permitirte ingresar al local, necesito ver una orden judicial firmada por un juez”. La capacitación recibida por José rindió sus frutos.

Pero el joven dreamer fue más precavido y antes de llegar a los apartamentos, llamó a la organización pro inmigrante “Washington Immigrant Solidarity Network ICE reporting hotline” y provocó una reacción en cadena. En poco tiempo, tres abogados, otras organizaciones y miembros de la comunidad llegaron a la escena y comenzaron a tomar fotos.

¿Queda claro que las autoridades deben seguir la ley si quieren aplicarla?