El gobierno de Donald Trump dio a conocer el 10 de octubre su plan conocido como “carga pública” tras la propuesta del 22 de septiembre pasado que consiste en una nueva reglamentación para que los inmigrantes que reciban legalmente beneficios públicos, como asistencia alimentaria y vales de vivienda, se les pueda negar el beneficio de la residencia permanente.

Identificados ya como un grupo social que ha sido rechazado y atacado directa, consistente y contundentemente desde el poder, los inmigrantes, sobre todo los latinos, hemos tenido que madurar a pasos agigantados en todos los frentes en apenas un par de años, a fin de sobrevivir cada embate emanado del prejuicio, de la discriminación y lamentablemente del racismo que ya permea cada rincón de Estados Unidos.

Luego de conocerse el anuncio de que el juez federal del distrito de San Francisco, en California, Edward Chen, ordenó bloquear la decisión del gobierno de terminar el Estatus de Protección Temporal (TPS), activistas y beneficiarios se unirán de nuevo en Washington DC el 9 de noviembre para continuar presionando a los legisladores sobre la necesidad de una legislación que regularice su situación migratoria.