Cumplido el plazo de seis meses que dio el presidente Donald Trump al Congreso para que estudiara y presentara legislación que legalizara el estatus migratorio de cerca de 800 mil jóvenes llegados en la infancia, diversas organizaciones de Nevada se unieron a las protestas nacionales el 5 de marzo.
Los “soñadores” expresaron su frustración ante la inacción de los legisladores, frente al Capitolio, por no haber presentado legislación que les diera un estatus migratorio definitivo en el país. El plazo de 6 meses que había dado el presidente Trump expiró el 5 de marzo.
En la manifestación ante la embajada estadounidense en Ciudad de México, que tuvo una escasa convocatoria, participaron representantes de la Coalición Binacional Contra Trump, el Foro de Abogados Migratorios, la Red Migrante del Sur, y la organización Deportados Unidos en la Lucha
Pese a la decisión, el gobierno seguirá emitiendo permisos de trabajo para los inmigrantes cobijados por el programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (Deferred Action for Childhood Arrivals, DACA por sus siglas en inglés)
Activistas expresaron que Chicago está en la mira de las acciones anunciadas por el Gobierno en contra las ciudades santuario que no colaboran con las deportaciones de indocumentados
Trump dio al Congreso de plazo hasta hoy, 5 de marzo, para aprobar una alternativa que diera una solución permanente a esos jóvenes, que gracias al programa han podido residir y trabajar legalmente en el país
Con sabor “agridulce” calificaron los “dreamers” en Arizona la llegada del 5 de marzo, plazo que dio el presidente Donald Trump al Congreso para aprobar una legislación dirigida a los protegidos bajo el programa de Acción Diferida (DACA), sin resultados, y que se encuentra vigente gracias a las recientes decisiones de los tribunales en San Francisco y Nueva York.
La redada masiva de cuatro días se extendió desde Bakersfield hasta la frontera con Oregon
Desde septiembre de 2017, los amparados de DACA enfrentaron una tensa cuenta regresiva que se suponía terminaría este 5 de marzo, pero la decisión de un juez de California le quitó su valor de ultimátum cuando ordenó al Gobierno restablecer el amparo
La Universidad Estatal en San Diego (SDSU) informó el 2 de marzo que cambiará el título de una clase luego de que se generó una polémica por haberse anunciado como “Impugnación, destitución o investigación criminal de Trump”.
El acto fue organizado por diversas organizaciones sociales, como la Unión Americana de Derechos Civiles (ACLU) y United We Dream, cuya estrategia fue emplear las propias palabras de Trump, que en algunas ocasiones ha mostrado cierta simpatía por los inmigrantes, con el propósito de hacerle cumplir su palabra
Carlos García, director de Puente en Arizona, aseguró que las medidas tomadas por el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde dictamina que los funcionarios de inmigración pueden retener a las personas indefinidamente, sin recibir audiencias de fianza, convierte a los centros de detención en “campos de concentración” para miles de migrantes.