Terminado el período de re-inscripción para el último Estatus de Protección Temporal, TPS, para los cerca de 200 mil salvadoreños que fueron convocados a inicios de este año, este numeroso grupo de trabajadores centroamericanos encara una etapa crucial del beneficio sin que se vislumbre en el horizonte una discusión para regularizar su situación.
Donald Trump reunió en la Casa Blanca a legisladores y a funcionarios federales y estatales para hablar de las jurisdicciones “santuario”, unas 200 ciudades y condados que no destinan recursos a perseguir a inmigrantes y se niegan a informar a las autoridades federales del estatus migratorio de las personas detenidas
El juez Eric Bentley, advirtió al alguacil que las detenciones sin orden judicial “infringen la Cuarta Enmienda” de la Constitución de Estados Unidos que, entre otros derechos, protege el derecho de las personas a no ser encarceladas sin causa probable
Los últimos 18 meses bajo la protección del Estatus de Protección Temporal (TPS) comenzaron oficialmente este martes 20 de marzo de 2018. En la antesala de la fecha, los salvadoreños organizados en comités locales de la Alianza Nacional TPS-Pro Residencia motivaron a sus connacionales a endurecer la lucha y el cabildeo político que les permita una vía hacia la legalización.
Los fondos quedarán a cargo de la Fundación Denver, quien, con la guía de un comité asesor, los distribuirá entre grupos locales dedicados a “desarrollar la capacidad de expandir la red de abogados pro bono o a precios reducidos que sirven a inmigrantes, incluyendo los talleres de asuntos legales”
El agente fronterizo Lonnie Swartz realizó los disparos alrededor de las 23:30 horas el 10 de octubre de 2012 a través de los postes metálicos de una valla de 6 metros (20 pies) que se encuentra en un terraplén de 7,6 metros (25 pies) frente a la Calle Internacional de México, una calle llena de casas y pequeños negocios
El concejal Warren Kusumoto presentó la legislación argumentando que el gobierno local está cuidando de sus constituyentes, y que la ley SB 54 atenta contra la constitución
Integrantes de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC por sus siglas en inglés) visitaron Las Vegas el jueves 15 de marzo para entregar un reconocimiento al Obispo Joseph A. Pepe por su apoyo al trabajo de dicha organización y por sus esfuerzos pastorales para apoyar a la comunidad inmigrante.
Solache y Reyes mantuvieron su inocencia desde el comienzo del proceso por un doble homicidio y secuestro de un menor, y durante los 15 años de apelaciones de las condenas.
La Administración Trump pidió revisar este caso (Nielsen contra Preap) en mayo, argumentando que la novena corte de apelaciones, con sede en San Francisco (California), se equivocó al decidir que los inmigrantes condenados pueden ser liberados después de ser descargados de la custodia penal si el DHS no interviene inmediatamente
Activistas y beneficiados reconocen que la preocupación para los salvadoreños, el mayor grupo de inmigrantes que quedaron al borde del desamparo tras la decisión de la Administración del presidente Donald Trump de no extender el beneficio, quedó patente mientras se realizaban los trámites de renovación
Los demócratas aceptaron permitir dicha financiación, pero no por una solución temporal de menos de tres años, sino a cambio de que el presidente apoye una ley que dote un camino a la ciudadanía para los 1,8 millones de jóvenes “dreamers”