Antonia Catalán maneja su camioneta esquivando baches en un camino rural donde el sur de Florida se une con los pantanosos Everglades. Está buscando a un inmigrante que vive en el país sin permiso.

Se pone sus lentes para leer y agarra un pedazo de papel con la dirección de un vivero donde cultivan palmeras para las comunidades ricas de Miami. Un sendero lodoso llega hasta una casa remolque, donde está un joven con una botella de agua vacía.

“¿A dónde vamos? Tú mandas”, dice Catalán, de 59 años. “No llevo prisa”.

El pasajero de 32 años es de Guatemala y es uno de una decena de trabajadores que Catalán lleva gratis a donde ellos necesiten. Esta es la manera como una sola persona responde al temor que se está propagando en las comunidades inmigrantes debido a las duras políticas migratorias del presidente Donald Trump.

En todo el país, mucha gente ordinaria está ayudando de manera voluntaria a inmigrantes que viven aquí sin autorización, pero la legalidad de sus acciones no es siempre clara.

Cientos de miembros de iglesias se están inscribiendo para crear o apoyar lugares que sirvan como refugios, con la esperanza de proteger a inmigrantes de las deportaciones dentro de los centros de adoración. Otras personas están acompañándolos a las cortes o a citas con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, donde podrían ser detenidos y deportados.

Expertos en leyes dicen que, por lo general, ayudar voluntariamente a los inmigrantes que viven de manera ilegal en el país no va en contra de la ley. Aseguran que aunque bajo la ley federal es un delito transportar a las personas que están ilegalmente en el país, esa norma fue creada con la intención de aplicarse a aquellos que los ayudan a ingresar sin permiso a Estados Unidos.

Tammy Fox-Isicoff, miembro del consejo de la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios, dijo que en el caso de Catalán “sería una exageración” que se considerara su servicio como un comportamiento delictivo, debido a que no intenta ocultar a los inmigrantes.

Pero Trump ha creado dudas al emitir directrices para castigar a gente que “facilite su presencia” en Estados Unidos. Algunos críticos conservadores dicen que estos voluntarios deberían de ser castigados junto con los inmigrantes a los que ayudan.

Ciertos estados conservadores han buscado frenar a las personas que ayudan a los inmigrantes que están sin permiso en el país. En Arizona, una sección de la emblemática ley migratoria estatal de 2010, prohibía que las personas transporten, oculten o albergue a los inmigrantes que están ilegalmente en el país. Dicha cláusula generó temores de que las personas pudieran violar las leyes estatales con el simple hecho de dar aventón a una persona que no tuviera permiso para estar en el país, por lo que la medida terminó por descartarse. En Florida se rechazó una propuesta similar.

Catalán asegura que no ha tenido problemas legales a causa de su servicio, el cual creció cuando comenzó a contar a sus vecinos y amigos en su pueblo de Redland que ella llevaba a los inmigrantes a supermercados, a hacer envíos de dinero y hasta a hospitales.

Ella nació en México, pero contrario a muchos de sus vecinos, es ciudadana estadounidense con licencia para manejar. California, Illinois, Washington y Maryland son algunos de los estados que emiten licencias para manejar a inmigrantes indocumentados, pero no Florida, donde conducir cuidadosamente para no meterse en problemas no es una estrategia en la que los inmigrantes pueden confiar.

Desde que le dejó a su hija mayor el vivero que abrió hace más de 10 años, Catalán no tiene empleo. En su lugar, ofrece viajes prácticamente todos los días. Su hija le ayuda a pagar la gasolina.

Lo que comenzó como un viaje gratuito se convirtió en una sesión terapéutica en los verdes campos de Redland, ubicado a unos 30 kilómetros (20 millas) al suroeste de Miami.

“Si tú no te metes en problemas, no te va a pasar nada. Pero si quieres tomar, por ejemplo, ahí en tu casa”, le dijo a su pasajero.

El guatemalteco, quien cruzó ilegalmente la frontera con México hace tres años, dejó de conducir hace poco por temor a que lo detuviera la policía. Dijo que le preocupa demasiado que lo detengan y lo deporten, y por eso no quiso revelar su identidad.

El alcalde del condado Miami-Dade, Carlos Gimenes, accedió en enero a retener a las personas, incluso a los culpables de delitos menores, en caso de que agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), quieran detenerlos. En total, se han puesto a disposición del ICE a seis personas arrestadas por el cargo de conducir sin una licencia válida. Lo mismo sucedió con otros cuatro acusados de delitos menores, como conducir en estado de ebriedad o robo simple.

Ocho de esas 10 personas encarceladas en Miami-Dade no contaban con antecedentes penales.

Algunas autoridades han sido menos estrictas. No hace mucho, la juez del condado Miami-Dade, Louise Krieger-Martin, dejó que algunos conductores sin licencia fueran liberados con tan solo un citatorio y la orden de que tomaran sus clases de educación vial.

Uno de ellos, Abraham, dijo que ha sido detenido dos veces en los últimos tres meses y se le dejó seguir su camino con tan sólo una infracción, gracias a que uno de sus conocidos, con licencia para conducir, que caminaba por el lugar se ofreció a conducir su auto para quitarlo de la calle. También guatemalteco y con temor a ser deportado, habló bajo la condición de que no se revelara su apellido.

El Consejo México-Estadounidense en Homestead aconsejó a las familias que no vale la pena correr el riesgo de conducir.

Catalán, quien se convirtió en ciudadana durante la amnistía que otorgó el presidente Ronald Reagan en 1986 para legalizar el estatus de alrededor de 3 millones de personas, dijo que llevar a otras personas a su destino se ha convertido en su terapia.

“Me hace bien. Yo siento que ellos confían en mí y yo les digo que no deben tener miedo”, recalcó. “Quizás ellos también se sienten mejor”.

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