Después de que el gobernador de Texas Greg Abbott firmara el proyecto de Ley del Senado 4, (SB 4, por sus siglas en inglés), que prohíbe las llamadas ciudades ‘santuario’, grupos y organizaciones sin fines de lucro encargados de proveer ayuda y diferentes servicios en su mayoría a inmigrantes hispanos, dicen temer por sus clientes y por el futuro de sus organizaciones.
En el Buen Samaritano, una organización basada en la fe que ofrece servicios médicos, de bienestar y clases, los representantes dijeron que vieron una caída inicial del 50 por ciento en las visitas a las clínicas, después de las redadas de febrero por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
La presidenta de la organización, Iliana Gilman, dijo que algunas personas habían regresado “sólo para agradecer a nuestro personal por proporcionarles recursos (a través de los años) y decir adiós”.
El Buen Samaritano sirve aproximadamente a 10,500 personas en el centro de Texas y cerca del 91 por ciento son inmigrantes hispanos.
“Hemos estado tratando activamente de llegar a esa gente que se fue pero que tenemos su información de contacto”, dijo Gilman.
La organización no requiere que los clientes revelen su situación migratoria para recibir servicios. “Es importante para ellos mantener su salud y la de sus familias, pero es difícil asegurarles que es seguro venir”, dijo Gilman.
Muchos representantes de organismos sin fines de lucro locales, que hablaron bajo la condición de anonimato debido al temor a las represalias, dijeron que también han estado viendo una caída en el número de gente que busca servicios y se están enfocando en educar a sus clientes y personal sobre la nueva ley y sus derechos.
Por otra parte SAFE, una fusión de Austin Children’s Shelter y SafePlace, que cuenta con un programa de capacitación mensual “Conozca sus Derechos Inmigración”, ha visto triplicar la asistencia desde el comienzo del año. Alrededor del 57 por ciento de los clientes de SAFE son hispanos y suelen ser víctimas de violencia o abuso.
De febrero a abril, la organización vio un 80 por ciento de aumento en las víctimas de agresión sexual, en comparación con los mismos meses del año anterior, que no estaban dispuestos a denunciar sus agresiones a pesar de recibir un examen forense de agresión sexual, según SAFE.
“Estamos viendo mucho miedo”, dijo la presidenta de SAFE, Kelly White. “Y nos mantenemos enfocados en cómo mantener a la gente a salvo”.
Otras ciudades de todo el país también han reportado un clima de temor que afecta la denuncia de delitos y disuadir a las personas de los servicios sociales.
Por su parte, el Departamento de Policía de Austin (APD, por sus siglas en inglés), dijo que está revisando la nueva ley y que en cuanto la tengan clara darán a conocer sus procedimientos.
El jefe provisional de la policía, Brian Manley, dijo que “el Departamento de Policía de Austin ha trabajado duro para construir y mantener la confianza, la comunicación y las relaciones más fuertes con nuestras comunidades a través de programas de extensión y policía comunitaria”.
“Con la aprobación de esta ley, queremos que nuestra comunidad minoritaria mantenga su confianza en nosotros. Si ve o es víctima de un acto criminal, queremos que nos llame e informe de ello”, añadió Manley.
Por otra parte, muchas organizaciones sin fines de lucro del área dependen del financiamiento federal, estatal y local para operar, y hay preocupación entre los diversos grupos sobre el clima político y lo que podría significar en el futuro.
“Estamos muy preocupados por nuestro financiamiento”, dijo White, jefa de SAFE. “Tenemos muchas subvenciones gubernamentales”.
La organización ya ha sentido una disminución en las donaciones de la comunidad en comparación con el año pasado. “Es la tormenta perfecta”, dijo.
Con información del Austin American-Statesman, periódico hermano de MundoHispánico.
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