McAllen, TX.- Una serie de acciones en rechazo a la ley antiinmigrante SB4 promulgada por el gobernador Greg Abbott fueron iniciadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos y de migrantes desde el pasado lunes 8 de mayo en la región del Valle de Texas frente a las oficinas del Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS).

Representantes de varias organizaciones coincidieron que la nueva ley, que entraría en vigor el 1º. de septiembre de 2017 prohibiendo las “ciudades santuario” en Texas, dará lugar a abusos e intimidaciones por parte de miembros de dependencias policiacas facultados para solicitar los documentos que acrediten el estatus migratorio de las personas.

“Seremos objeto de intimidaciones y de discriminación tan sólo por nuestro aspecto latino”, expresó Martha Sánchez, coordinadora de la Unión del Pueblo Entero (LUPE). “Hacemos un llamado a organizaciones, líderes y población en general para mantener una constante protesta y lograr echar abajo esta perjudicial ley”.

El Valle de Texas, en el sur del estado, tiene uno de los más altos índices de población hispana que oscila entre el 92 y 96 por ciento, dependiendo del área específica.

El sheriff del Condado Hidalgo, donde se encuentra McAllen, Edie Guerra, rechazó públicamente la SB4, sumándose a otros jefes policiacos en distintas regiones de Texas.

El congresista demócrata Vicente González expresó que “en lugar de respaldar a las agencias policiacas locales para que estrechen sus relaciones con la comunidad, fortalezcan la seguridad pública e investiguen crímenes violentos, la SB4 restringe los recursos y pone a los oficiales del orden en una situación de conflicto al tener que aplicar esta nueva ley”. Adelantó que “esta nueva legislación desalentará a la población a reportar crímenes y creará una división entre los miembros de las dependencias policiacas y la comunidad”.

“El gobernador Abbot firmó la SB4 la cual requiere que toda la policía local actúe como agente de migración. No podemos aceptar esa ley y seguiremos luchando contra el odio que representa”, expresó la directora de LUPE, Juanita Valdez-Cox.

“No comprendemos los fundamentos de esta ley”, agregó visiblemente consternada.

“La SB4 es una tragedia y no la aceptaremos. Tanto LUPE como todas las diversas organizaciones presentes, lucharemos en las cortes y en las calles para eliminar esta ley. Estamos seguros que los jueces reconocerán las distintas formas en las que esta medida infringe la ley de protección”.

El congresista Filemón Vela expresó que la SB4 también conocida como ley ‘muéstreme sus papeles’, es un ataque a la decencia humana y se aprovecha de los más vulnerables, produciendo una separación entre la aplicación de la ley, las universidades, las comunidades de inmigrantes y las personas de color.

“La ley ‘muéstreme sus papeles’ cambia el enfoque de mantener a las comunidades seguras”, dijo Vela. “En vez de recurrir a la policía local en tiempos de peligro, las familias de status mixto y los no ciudadanos podrán retener información importante cuando denuncien crímenes, o simplemente dejen de reportarlos por temor a la deportación. La SB4 es una desgracia, y me opongo firmemente”, afirmó el congresista.

Acción de la Procuraduría

Por otra parte, el mismo lunes 8 de mayo, el procurador general de Texas, Ken Paxton, se adelantó a las posibles demandas contra la ley anti-inmigrante SB4 y en una inusual acción solicitó a una corte federal que ratifique la constitucionalidad del estatuto que prohíbe las ciudades santuario.

Paxton presentó ante la Corte Federal para el Distrito Oeste de Texas una demanda conocida como queja por juicio declaratorio, solicitando a ese tribunal que establezca la constitucionalidad de la ley.

Dicha acción solicita específicamente a la Corte que dictamine que la ley no viola las enmiendas cuarta o décimo-cuarta de la Constitución de Estados Unidos y no se antepone a la ley federal.

Primera demanda contra la SB4

La comunidad ubicada cerca de esta frontera de Texas con México y la Oficina del sheriff del condado de Maverick interpusieron ante una corte federal la primera demanda contra la ley SB4.

Con asesoría de abogados de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) se radicó la demanda ante la Corte Federal en San Antonio, a nombre del alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes, y del sheriff de Maverick, argumentando que dicha ley es anticonstitucional al violar las Enmiendas Cuarta, Quinta, Décima y XIV y los Artículos I y VI de la Constitución de Estados Unidos.