El gobierno de Donald Trump está decidido a llevar su decreto inmigratorio a la Corte Suprema luego de que un tribunal de apelaciones dictaminó que la medida “destila intolerancia religiosa, animosidad y discriminación”.

El secretario de justicia Jeff Sessions dijo el jueves que el Departamento de Justicia pedirá al máximo tribunal que tome el caso. El gobierno dice que el decreto que restringe el ingreso de muchas personas al país es parte sus esfuerzos por proteger a la ciudadanía del terrorismo.

Es casi seguro que la Corte Suprema intervendrá en el caso sobre la orden ejecutiva de Trump que busca impedir el ingreso de personas de Irán, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen. Casi todas las veces que tribunales inferiores bloquean medidas del gobierno el tema llega a la Corte Suprema.

De un lado está la autoridad del presidente en casos de inmigración y del otro lo que el Cuarto Circuito del Tribunal de Apelaciones describió como una política que dice ser sobre seguridad nacional pero que en realidad está dirigida a los musulmanes.

Las partes generalmente tienen 90 días para llevar el caso a la Corte Suprema. Si el gobierno espera hasta fines de agosto para pedir la intervención de ese cuerpo, los jueces probablemente no decidirán si lo toman o no hasta octubre y el tema sería analizado en el mejor de los casos en febrero del 2018. Para entonces habría pasado más de un año desde que Trump lanzó la medida.

Los abogados del gobierno podrían pedir a los jueces que autoricen la entrada en vigor de la iniciativa a título de emergencia, mientras se procesa el caso.

Si cinco de los nueve jueces de la Corte Suprema autorizan la entrada en vigor a título de emergencia, ese podría ser un indicio de que el decreto podría ser aprobado cuando finalmente analicen el caso.

El fallo del jueves fue un nuevo revés para el gobierno. La votación fue de 10-3 y los jueces dijeron que las restricciones probablemente violen la constitución, convalidando un fallo de otro tribunal inferior que bloqueaba el decreto de Trump de marzo, el cual era a su vez una versión revisada de uno que el mandatario firmó en enero, poco después de asumir.

El Cuarto Circuito de Richmond, Virginia, fue el primer tribunal de apelaciones que analizó el caso. El gobierno esperaba que esta versión revisada no tuviese los mismos problemas que la propuesta original. Un segundo tribunal de apelaciones, el Noveno Circuito de San Francisco, también analiza la segunda versión luego de que un juez de Hawai la bloquease.

El problema de fondo es si los tribunales deben considerar pronunciamientos públicos en los que Trump dijo que quería prohibir el ingreso de los musulmanes como prueba de que la medida es motivada por cuestiones religiosas.

El gobierno dijo ante el Cuarto Circuito que lo único que se debe tomar en cuenta es el texto del decreto, que no mencionan la religión. Los países no fueron seleccionados porque son mayormente musulmanes sino porque representan un peligro de terrorismo, según el gobierno.

Pero el presidente de ese tribunal Roger L. Gregory escribió que “las consideraciones de seguridad nacional… parecen ser una justificación secundaria para una acción ejecutiva basada en una animosidad religiosa y pensada para vetar a los musulmanes en este país”.

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