WASHINGTON.- Un tribunal federal en San Antonio (Texas) escuchó este lunes por primera vez los argumentos a favor y en contra de la ley estatal “SB4”, apoyada por la Administración Trump pero, que según manifestantes congregados a unos pasos del tribunal, viola la Constitución y fomenta la deportación masiva al poner la diana a todos los inmigrantes indocumentados en el sureño estado.
Bajo fuertes medidas de seguridad, la audiencia preliminar ante el juez Orlando García se prolongó durante todo el día y sin transmisión por televisión, pero grupos implicados en la demanda contra la “SB4”, como MALDEF y la Unión de Libertades de EE.UU. (ACLU), enviaron copiosos apuntes por Twitter, con la etiqueta “#NoSB4” y casi minuto a minuto, para informar sobre el procedimiento adentro del tribunal.
MALDEF y ACLU quieren que el juez García suspenda la puesta en marcha de la “SB4”, promulgada el mes pasado por el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott y que debe entrar en vigor el próximo 1 de septiembre.
La ley estatal, aprobada en unos momentos de alto fervor anti-inmigrante entre círculos conservadores, prohíbe las “ciudades santuario” e impone fuertes sanciones contra las localidades que se nieguen a cooperar con las autoridades federales en tareas de inmigración, incluyendo multas para jefes policiales y hasta la destitución de funcionarios elegidos o designados.
Lee Gelernt, subdirector del proyecto de derechos de los inmigrantes de ACLU, que lleva la voz cantante en el litigio contra la “SB4”, argumentó que la ley sirve de “aliciente” para que las autoridades locales hagan tareas de Inmigración que corresponden al gobierno federal, y advirtió de que eso podría dar paso a un “Estado policial migratorio”.
Como testigo de los demandantes, la representante estatal de Texas, Ana Hernández, quien fue indocumentada, no contuvo las lágrimas y narró ante el juez el ambiente de hostilidad contra “los ilegales” cuando se debatió la ley, mientras sus partidarios acosaban a legisladores hispanos.
Tras un receso de almuerzo, un abogado del estado, William Deane, rechazó las críticas de que la ley alienta la discriminación racial -algo ya prohibido otras leyes estatales-, en un estado donde los hispanos son la minoría más grande y en 2010 conformaron el 63,2% de la población de 1,43 millones en San Antonio.
Por su parte, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, quien cuenta con el respaldo del Departamento de Justicia en Washington, argumentó que la ley no obliga a la policía a cooperar con los agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE).
Activistas y funcionarios locales y estatales que demandaron a Texas por la “SB4”, incluyendo el alcalde de El Cenizo, Raúl Reyes, hicieron cola frente al tribunal desde tempranas horas para ser testigos de la audiencia, e hicieron declaraciones a la prensa.