AUSTIN, Texas .-Una afgana y su familia, incluyendo tres niños pequeños, que han solicitado asilo en Estados Unidos han estado seis meses en un centro de detención de Texas, pese a que legisladores estatales concluyeron esta semana su periodo de sesiones sin aprobar medidas para circunvalar regulaciones federales sobre la detención de niños en tales instalaciones.

La propuesta que quedó en la legislatura hubiera dado permiso al centro de detención para también operar como guardería y así evitar el requisito que estipula que los menores no pueden ser detenidos allí por más de 20 días.

Los activistas en favor de los inmigrantes festejaron el fracaso de la propuesta, que dicen hubiera causado más daños físicos y psicológicos a menores. Aun así, el gobierno federal sigue manteniendo detenidas algunas familias más allá del tiempo permitido.

“El fracaso de la medida, si bien es muy buena noticia, parece que no ha sido nada beneficioso para estas familias”, dijo Cristina Parker, coordinadora de programas de inmigración para Grassroots Leadership, una organización no lucrativa con sede en Austin.

La solicitante de asilo, Samira Hakimi, sus dos hijos pequeños, su cuñada y su sobrino bebé están solicitando asilo político debido a que temen al Talibán. La familia ha administrado escuelas en Afganistán con un programa de estudios de estilo occidental, una de las cuales fue destruida por el Talibán.

El atraso en su solicitud fue tan estresante para Hakimi que hace tres semanas trató de suicidarse, atándose su pañoleta al cuello.

Denise Gilman, directora de la clínica de inmigración de la Universidad de Texas, dijo que las detenciones prolongadas son una clara violación a la ley.

La propuesta de ley creada por cabilderos para la empresa lucrativa de prisiones GEO Group hubiera permitido que el departamento de Sanidad del estado dispensara sus estándares mínimos para dar licencia de cuidado de niños a la instalación de 832 camas de GEO, así como a la instalación de 2.400 camas que opera otra empresa privada de prisiones.

El legislador estatal republicano John Raney dijo que su iniciativa de ley no fue diseñada para prolongar la detención, sino más bien “hubiera proporcionado a Texas la capacidad de inspeccionar y establecer estándares de seguridad para las instalaciones federales de inmigración que ya están en operación”. Además, agregó, hubiera ayudado a “mantener a las familias juntas” en lugar de separar madres y niños, como había amenazado el gobierno de Trump a inicios del año, algo que ha reconsiderado.

Raney dijo previamente a The Associated Press que un cabildero de GEO ?fue la razón por la que fue creada la legislación”, lo que motivó que los legisladores que se oponían a ella la llamaran “una iniciativa de ley de proveedor”.

El GEO Group -el cual obtiene 55 millones de dólares anuales de Karnes- emitió un comunicado que dice que “apoya cualquier esfuerzo para proporcionar niveles suficientes de supervisión del gobierno y asegurar los niveles más altos de cuidado” para familias.

Pero el legislador estatal republicano Byron Cook, quien preside la poderosa Comisión de Asuntos Estatales de la Cámara de Representantes de Texas, se negó a la realización de una votación sobre la propuesta porque dijo que “había mucha angustia” al respecto. Pediatras y defensores del bienestar infantil estuvieron entre decenas de personas que acudieron a una audiencia para denunciar el proyecto de ley, y aseveraron que ciertamente sirve para prolongar la detención y dañar física y psicológicamente a los niños.

“Esto confirma el hecho de que el estado no tiene para nada la capacidad para proporcionar licencias a las instalaciones”, subrayó Parker.

El gobierno federal comenzó la detención de familias por tiempo prolongado en 2014, en respuesta a un influjo de mujeres y niños que huían de la violencia en Centroamérica. Pero al año siguiente, un juez federal falló en contra de mantener por más de 20 días a niños en instalaciones cerradas que no contaran con licencia de proveedor de atención infantil. Entonces Texas intentó expedir licencias a las instalaciones, pero un juez estatal determinó que no eran aptas para recibir tal licencia.