Los legisladores de Texas buscan negarles programas de ayuda laboral a los inmigrantes que cuentan con un permiso temporal de residencia y asisten a las universidades públicas, un acto que contrasta con la política promulgada hace 16 años en el estado, que colocó a Texas como el estado con mayor apertura a los estudiantes extranjeros.
De acuerdo con la propuesta, que está a punto de pasar por la legislatura estatal, solo los individuos que cumplan los requisitos para recibir ayuda financiera federal, serían elegibles para los programas de empleo estudiantil fuera del campus.
Ese grupo incluye a ciudadanos estadounidenses, residentes permanentes y refugiados. No incluye a los estudiantes que ingresaron al país de manera ilegal durante la infancia y cuentan con una visa de trabajo que les permite quedarse más tiempo, ni a los inmigrantes a los que se les otorgó permiso de permanecer en el país debido a que eran víctimas de un delito.
No quedó esclarecido de inmediato cuántos estudiantes universitarios en Texas se verían afectados con la negación de servicios en caso de que se promulgue la medida.
El senador Charles Schwertner, quien propuso la enmienda, no respondió a solicitudes de comentario en el pleno del Senado estatal. Durante una audiencia realizada a principios de mes dijo que la medida serviría únicamente para “garantizar que los estudiantes que reciban empleo subsidiado por el estado, son legalmente elegibles para trabajar en Estados Unidos”.
“Esta enmienda únicamente requiere que el estudiante califique para la ayuda financiera federal”, comentó. “Se debe contar con tarjeta de Seguro Social o ser ciudadano estadounidense”.
Pero los defensores de los derechos migrantes afirman que, a su parecer, esta es la primera propuesta para negarles programas de empleo estudiantil a los llamados “dreamers”, los extranjeros que están protegidos de ser deportados debido a que cuentan con una visa temporal.
“Nos sorprendió ver esta enmienda”, dijo Nicholas Espiritu, un abogado del Centro Nacional de Leyes Migratorias, con sede en Los Ángeles, quien dijo que la organización no tenía conocimiento de otra ley similar.
La abogada migratoria Jacqueline Watson, expresidenta de Texas para la Asociación Estadounidense de Abogados Migratorios, explicó que “históricamente, las reglas estatales de ayuda financiera han sido mucho más abiertas y con requerimientos más flexibles que la ayuda financiera federal”.