PHOENIX, AZ.- Tras el anuncio que los tribunales de inmigración de Estados Unidos suspendieron temporalmente un programa que ofrece asistencia legal a los extranjeros detenidos en proceso de deportación, especialistas coinciden que es una medida más del gobierno de Donald Trump para acelerar las deportaciones.
“La idea es tratar de deportar a la mayor cantidad de inmigrantes que puedan, y para qué van a dejarles saber sus derechos, están buscando sacarlos rápido del país”, indicó a Inmigracion.com Jorge Mujica Murias, miembro de la organización Arise Chicago.
Las autoridades informaron al Instituto de Justicia de Vera que a partir de este mes se detendrá el Programa de Orientación Legal de la organización sin fines de lucro, que el año pasado realizó sesiones de información para 53.000 inmigrantes en más de una docena de estados, incluyendo California y Texas.
El gobierno federal también evaluará el “servicio de ayuda” de Vera, que ofrece consejos a los inmigrantes no detenidos que enfrentan procedimientos de deportación en los tribunales de Chicago, Miami, Nueva York, Los Ángeles y San Antonio.
Organizaciones similares a Vera, como The Florence Immigrant & Refugee Rights Project en Arizona, mostraron su rechazo al publicar en su página oficial que se encuentran “consternados” por la decisión del Departamento de Justicia de poner fin a la financiación del programa de orientación legal.
“Esto significa que el proyecto de Florence perderá más de 500.000 dólares de la financiación y las organizaciones en todo el país perderán más de 8 millones de dólares”, advirtieron sus directivos. “Como el único proveedor de orientación legal en Arizona, esta decisión amenaza nuestro importante trabajo con miles de inmigrantes detenidos en Florence y Eloy. Ningún ser humano debería estar encerrado en un centro de detención de inmigrantes, y nadie debería tener que enfrentarse a autoridades del gobierno solo”, manifestaron en sus redes sociales.
La analista política Carmen Cornejo dijo a Inmigracion.com que esta medida afecta directamente a los inmigrantes en los Centros de Detención, que son quienes requieren de un apoyo legal ya que se encuentran aislados.
“No cuentan con abogados, de diez personas que están en los centros detención ocho de ellos se enfrentan a las cortes de inmigración sin abogado, están en una gran desventaja, es una situación muy dura”, expresó.
Dijo que el Instituto Vera operaba con pocos recursos federales para proveer ayuda legal a algunos de los detenidos, pero era una ayuda bastante significativa para ellos.
“El pretexto es que se va evaluar su efectividad, pero tratan de eliminarlo completamente, es otro paso más de restricción a las oportunidades que puedan quedar en este país para acelerar las deportaciones”, agregó.
Cornejo considera que esta medida debe de despertar la movilización de las organizaciones, para que levanten la voz a favor de los inmigrantes que quedarán desprotegidos en los centros de detención.
“Las organizaciones de defensa deben de protestar, son programas valiosos que pueden hacer la diferencia en la vida de un detenido, porque no pueden contratar abogados por falta de recursos, esto es lo último que les queda”, advirtió.
El activista Mujica explicó que estar en Estados Unidos sin papeles no es un delito, es una falta administrativa, por lo que no tienen derecho a un abogado defensor, razón por la que existían estos programas federales para darle asesoría legal a los detenidos.
“La administración de Trump ha fallado en deportar a millones de personas, así que quieren aumentar los números, lo están haciendo por todo los medios, incluso presionando a los jueces para que reabran los casos de inmigración congelados, los finiquiten y saquen a los inmigrantes lo más rápido posible del país”, señaló.
La Oficina Ejecutiva para la Revisión de Inmigración dice en su sitio web que lanzó el programa de asistencia legal en 2003, durante la administración de George W. Bush, para orientar a los inmigrantes a fin de que los procedimientos judiciales avancen más rápidamente.