Migrantes detenidos en el centro de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Adelanto, California, anunciaron una nueva huelga de hambre de tres días por parte de “docenas” de personas, principalmente en queja por las altas fianzas de solicitantes de asilo y el trato que reciben por parte de los guardias del lugar.
Por medio de una carta escrita a mano, los detenidos pidieron el establecimiento de fianzas “razonables” para poder salir del centro de detención y pelear sus casos de asilo.
“No estamos exigiendo que cumplan caprichos, sino que comprendan las diferentes necesidades que tenemos. Muchos de nosotros hemos venido huyendo de nuestro países por diferentes problemas, hemos tenido que cruzar tres, hasta nueve fronteras y sido víctima de robo de algunas bandas criminales que nos quitaron el poco dinero que podíamos traer”, reza la carta.
“Hoy tenemos necesidad de fianzas razonables que nos permitan salir de esta prisión y continuar nuestros casos afuera”, continúa la solicitud escrita.
Los detenidos creen que una fianza razonable sería entre 1500 y hasta 7500 dólares, pero están recibiendo fianzas de entre 15,000 y 50,000 dólares, que son imposibles de pagar para ellos y que están destinadas a “quebrantar nuestra voluntad para que terminemos renunciando a seguir luchando nuestros casos o lo que es peor, terminemos firmando una deportación”.
Al mismo tiempo, abogados de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU) se sumaron a las quejas por un incidente ocurrido cuando el grupo original de nueve detenidos anunció la primera huelga de hambre el pasado 12 de junio, y guardias de la empresa privada GEO usaron gas pimienta contra ellos.
En una carta enviada durante el fin de semana feriado, el abogado Michael Kaufman, de la ACLU del sur de California alega violaciones a los derechos constitucionales y a los estándares nacionales de detención del propio gobierno federal en el uso del gas pimienta contra detenidos que no eran una amenaza contra los guardias.
Tal y como lo reportó La Opinión en su momento -y ICE confirmó en un comunicado- guardias de GEO Group, la compañía privada que maneja el centro de detención de Adelanto, usaron gas pimienta contra los detenidos cuando estos se tomaron de brazos y se rehusaron a moverse tras anunciar su huelga el 12 de junio pasado.
Según la ACLU, son varias las cortes y tribunales de apelaciones que han fallado en contra del uso de gas pimienta sobre manifestantes pacíficos, agregando además que las propias reglas internas del gobierno federal determinan que “el uso de fuerza no debe ser utilizado como castigo”.
Los detenidos también ha presentado una queja ante la oficina de Derechos Civiles del Departamento de Seguridad Nacional, agregando haber sido golpeados durante el mismo incidente, llevados a duchas hirviendo después de recibir un baño del irritante gas pimienta y luego encerrado en celdas de aislamiento. Alegan que entre las lesiones sufridas por los detenidos estuvo una nariz rota y la caída de una corona de la muela de un detenido.
La carta de la organización legal también agregó otras quejas de los detenidos respecto al trato que han recibido en detención, incluyendo bloqueo de ciertos números telefónicos para impedir la comunicación de ellos con el mundo exterior -con activistas y representantes legales, por ejemplo- y amenazas de represalias para que cesen en la huelga de hambre intermitente que han mantenido desde entonces.
En uno de los casos, La Opinion recibió una llamada de los detenidos, para comunicar que no podían llamar a ninguno de los activistas ni grupos que los estaban ayudando.
Entretanto, activistas de Sureñxs en Acción y Latino Advocacy, que actúan como intermediarios entre los detenidos y el exterior, indicaron que esta vez se sumaron a la huelga de hambre “docenas” de detenidos y que la sostendrán por 72 horas en protesta por las altas fianzas, falta de cuidado médico adecuado y consideración justa de su caso de asilo político.
La nueva huelga se habría iniciado en la noche del 4 de julio.
Apuntaron que a los originales 9, y luego 8 centroamericanos -uno fue deportado- se han sumado un grupo de haitianos.
“Seguimos pidiendo la liberación de estos detenidos y un punto final de las represalias en contra de los huelguistas” , señalaron los activistas. “También exigimos una investigación y castigo contra los guardias involucrados en la violencia”.
Virginia Kice, portavoz regional de la Agencia de Inmigración y Aduanas (ICE), respondió a esta información indicando que “no hubo rechazo de alimentos en grandes cantidades a partir de la noche del día cuatro”, agregando que la agencia no considera una huelga de hambre hasta completadas 72 horas del rechazo de alimentos por parte de los detenidos.
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