WASHINGTON, DC.- A medida que recrudece la retórica anti inmigrante en Estados Unidos y cuando las agencias federales encargadas de hacer cumplir las leyes migratorias muestran mayor fortaleza para ejecutar su mandato, los distritos escolares a nivel nacional han empezado a sentir el efecto de este fenómeno.

Para entender la situación en las escuelas, y en especial en aquellas regiones del país con mayor población inmigrante, el Centro Woodrow Wilson en Washington DC, llevó a cabo recientemente un foro de análisis con expertos en el tema.

Bajo el título: “El impacto del reforzamiento de las políticas migratorias enseñando y aprendiendo en las escuelas públicas”, este respetado centro de análisis de la capital estadounidense sentó en la mesa a cinco expertos para abordar la problemática desde diferentes perspectivas.

El foro lo abrió Patricia Gándara, del Proyecto de Derechos Civiles, de la Universidad de California en Los Ángeles, UCLA; seguida de Shena Sánchez, también de la universidad californiana, quien ahondó en el impacto del reforzamiento de las políticas migratorias más allá de los estudiantes y sus familias, sino también en los profesores.

En la mesa también estuvo Julie Sugarman, del Instituto de Políticas Migratorias, para acentuar los alcances de la ley federal y el rol de las escuelas y sus distritos; la especialista hizo una revisión del impacto de la política migratoria y el resurgimiento de Ciudades Santuarios.

En estas jurisdicciones es conocido que existe una total protección de información sensible sobre los alumnos inmigrantes y sus familiares, sin importar su condición legal, contraria a otras jurisdicciones donde hay mayor disposición para cooperar con el Departamento de Seguridad Nacional, DHS, y otras agencias federales.

Otro matiz del problema de las deportaciones y el impacto en la educación lo puso el académico, Bryant Jensen, de la Universidad Brigham Young, en Utah,  quien ha realizado estudios para medir el impacto en los estudiantes escolarizados en Estados Unidos y que se ven forzados a regresar a México u otros países centroamericanos,  muchos de esos estudiantes son ciudadanos estadounidenses, pero se ven forzados a ir con sus padres cuando estos son deportados.

Finalmente, Lily Eskelsen García, de la Asociación Nacional de Educadores, exploró, ante representantes de distritos escolares, académicos e investigadores, el impacto de la actual política migratoria en la población educativa y sus maestros.

“No hay ninguna duda que la actual administración de Donald Trump tiene una disposición racista de cara a la inmigración y los estudiantes en nuestras escuelas lo están sufriendo”, afirmó la educadora.

Patricia Gándara de la UCLA, mostró los resultados de un estudio piloto que permite apuntar que la situación está impactando a la población educativa en conjunto.

Gándara presentó los datos de una encuesta realizada a nivel nacional en 730 escuelas de 24 distritos escolares en 12 estados, donde se exploró en profundidad el impacto del reforzamiento de las políticas migratorias en la población educativa.

“Son datos proporcionados por 3 mil 500 encuestas. Cientos de encuestados nos dijeron que sus estudiantes inmigrantes, nacidos o no en Estados Unidos, están aterrorizados por sus familias y amigos, y ocasionalmente ellos mismos que pueden ser capturados por ICE, en ese contexto es muy difícil para los estudiantes aprender y para los maestros enseñar”, explicó la académica de UCLA.

A la vez indicó que el resultado del estudio indica que el 90 por ciento de los educadores encuestados les reportan que han observado problemas emocionales, ansiedad y otros disturbios en los estudiantes inmigrantes.

Para la representante del Instituto de Políticas Migratorias, Julie Sugarman, la agudización en la retórica anti inmigrantes ha generado, desde el mismo triunfo de Donald Trump en las elecciones presidenciales de 2016, que un número significativo de jurisdicciones decidan dar un paso adelante para proteger a los foráneos, y entre estos a los estudiantes en las escuelas.

“Lo específico de cada declaración (de Ciudad Santuario) difería, pero la mayoría incluía una política según la cual las escuelas no cooperarían con los agentes de inmigración a menos que tuvieran una orden judicial, citación u orden de un juez”, explicó Sugarman.

Y agregó que esas declaraciones tienen como objetivo tranquilizar a las familias para que sigan enviando a sus niños a la escuela sin importar el estatus legal de los hijos, pues la misma ley federal garantiza la educación sin importar el estatus migratorio del estudiante. Aunque el mensaje desde la administración de Donald Trump dista de ese cometido.