A partir del 20 de junio, las inmigrantes embarazadas, madres en estado de lactancia, aquellas con hijos pequeños, familias que solo hablan dialectos indígenas o personas con riesgos de salud, que se beneficien de un programa que había sido concebido para mantener fuera de los centros de detención a solicitantes de asilo, ahora tendrán que buscar otras alternativas ya que el presidente Donald Trump lo ha revocado.

“Estamos ante un fenómeno único en los últimos 50 años en la Casa Blanca”, dijo a MundoHispánico Teodoro Aguiluz, director ejecutivo del Centro de Recursos Centroamericanos (CRECEN). “El fenómeno que viene destruyendo todas las victorias que se han obtenido a través de años de lucha”.

El programa tenía como nombre Family Case Management Program y tenía a 630 familias a cargo.

En el 2015, unos 176 miembros de CRECEN en Houston solicitaron asilo y en el 2017 se han enviado 560 solicitudes.

De acuerdo con Naimeh Salem, abogada de inmigración, la gestión del programa tiene un costo de alrededor de 38 dólares al día, en comparación con los 319 dólares por persona que gasta a diario el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por sus siglas en inglés), para encarcelar a inmigrantes indocumentados en centros de detención.

“El programa fue creado como una forma de detención alternativa y menos costosa para inmigrantes detenidos mientras aguardan la resolución de sus casos”, dijo vía telefónica a MundoHispánico Salem.

El programa ofrecía doctores para cuidados prenatales, que los niños estuvieran sanos y salvos, educación nutricional, entre otras cosas.

Según la vocera de ICE, Sarah Rodríguez, acabar con el programa supondría un ahorro de 12 millones de dólares al año.

“No van a tener a ese trabajador social que los va a guiar en todas las etapas”, añadió Salem. “Los van a tener en un tipo de probatoria con grilletes y no van a tener un tipo de ayuda”.

Los que califiquen para asilo, dice la experta en inmigración, se podrán quedar mientras que las otras personas serán deportadas.

Las personas que puede calificar son las que hayan sido víctimas de persecución, tortura, abuso, amenaza en su país por la raza, religión, opinión política, nacionalidad o si es miembro de un grupo en particular (homosexuales, víctimas de violencia doméstica, ex policías, ex militares, entre otros).

Por otro lado, la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL), también reaccionó ante la cancelación del programa.

“Es una promesa de la campaña de Trump, de que iba a quitar el “catch and release”, agarrarlos y soltarlos en la frontera”, dijo Alain Cisneros, organizador de FIEL. “Bajo la administración de Obama, en el 2014, muchas personas vinieron con niños menores por buscar protección por la violencia en sus países pero cuando iniciaron sus procesos ya era tarde”.

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