La Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza exigió “justicia” para las familias de personas muertas a manos de agentes de esta agencia federal, la cual continúa operando “bajo una política de impunidad”, según dijo.
Miembros de este grupo en el sur de Arizona se concentraron en los exteriores de una corte federal en Tucson, en donde se celebran audiencias especiales por el caso de José Antonio Elena Rodríguez, quien murió como consecuencia de los disparos a través del muro de un agente de la Patrulla Fronteriza.
“Hemos tenido tantos muertos, tanta gente que ha muerto a manos de agentes de la Patrulla Fronteriza y hasta ahora no hemos tenido justicia. Siguen utilizando el uso excesivo de fuerza letal”, dijo a Efe Richard Boren, vocero en Arizona de esta red.
José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años de edad, fue asesinado el 10 de octubre de 2012 por el agente fronterizo Lonnie Swartz, quien disparó varias veces a través de la valla fronteriza entre Nogales (Arizona) y Nogales (Sonora, México).
Mientras Swartz, que enfrenta cargos de asesinato en segundo grado, asegura que el acto fue en defensa propia, ya que era atacado con piedras, la familia de Elena asegura que el joven iba caminando de regreso a casa y fue impactado por una “lluvia de balas”.
El informe de autopsia del joven mexicano indica que recibió diez impactos de bala, todos por la espalda.
“Este es el único caso donde el Departamento de Justicia aceptó presentar cargos criminales”, dijo Boren.
El de Swartz es el primer caso en el que un agente de la Patrulla Fronteriza recibe cargos de homicidio por un crimen transfronterizo.
El viernes concluirán una serie de audiencias especiales dedicadas a determinar si el vídeo que registra los hechos, grabadas por las cámaras de la Patrulla Fronteriza, puede ser utilizado en el juicio contra el agente que se iniciará el próximo mes de octubre.
Al margen, la Red de Víctimas de la Patrulla Fronteriza prepara una nueva petición que enviaran en las próximas semanas al Departamento de Justicia, y en la que piden se investiguen las acusaciones de abuso de poder por parte de agentes fronterizos, se otorguen indemnizaciones a familiares de las víctimas y se reabran casos ya cerrados.
Una carta similar fue enviada el año pasado al Departamento de Justicia, bajo la administración del Presidente Barack Obama, pero nunca tuvieron respuesta.
Esta organización estima que desde el año 2005, aproximadamente 42 personas han muerto a manos de agentes del CBP, y de estos 13 son ciudadanos estadounidenses.