PHOENIX, AZ.- Más de 20 mil firmas de apoyo ha obtenido la activista Alejandra Pablos desde el 7 de marzo, día de su detención, como parte de la campaña promovida por Mijente & National Latina Institute for Reproductive Health, para lograr sensibilizar a las autoridades y se logre su liberación.
“La gente responde no únicamente porque se considere un caso de abuso, sino porque tratan de deportar a una persona que tiene mucho peso en la comunidad, quien ha realizado un trabajo valioso como líder de varios movimientos”, dijo a Inmigracion.com Jacinta González directora de Campo de Mijente.
Actualmente Pablos se encuentra en el Centro de Detención Eloy en el sur de Arizona sin acceso a una fianza, mientras la campaña lanzada desde el 7 de marzo ha recabado 21.070 firmas por medio del link Free Alejandra.
Además, se han estado recibiendo múltiples cartas de respaldo por parte de organizaciones y la comunidad, misivas que se enviarán como parte de la solicitud de fianza de Pablos ante el juez de inmigración.
“La gente está muy inspirada sobre su trabajo, ha abogado mucho por los derechos reproductivos de las mujeres, hemos recibido muchas cartas de estas organizaciones, seguiremos recolectando cartas hasta la fecha de su audiencia, de la cual aún esperamos noticia”, comentó González.
Pablos, organizadora de derechos reproductivos y derechos de los inmigrantes, fue detenida por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). Cuando era joven fue arrestada y declarada culpable de varios cargos, incluidos el de manejar bajo la influencia del alcohol. En 2011, después de cumplir con las órdenes de la corte, pasó 2 años en el Centro de Detención Eloy en el sur de Arizona, perdió su residencia y fue puesta en proceso de deportación.
A partir de su liberación ha trabajado en defender los derechos humanos y civiles, en enero encabezó una protesta pacífica en Virginia (Estados Unidos) a las afueras del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), donde fue detenida nuevamente. Cuando Pablos se presentó a su registro con ICE en Tucson recientemente, fue detenida y no se le permitió pagar una fianza.
“Aunque tiene antecedentes con la policía no le quita el valor positivo que nos ha dado, creo que se puede ver el apoyo que tiene en la comunidad y el reconocimiento por defender los derechos de los demás”, explicó.
Mijente es una organización política nacional que trabaja con varias organizaciones por los derechos de los inmigrantes en todo el país, donde Pablo también es miembro activo.
“Como persona que se dedica a la defensa de los derechos humanos estoy muy preocupada por esta situación, esto demuestra que estamos en un país donde tenemos que organizarnos para defendernos, porque si no es así, nadie lo hará por nosotros, haremos todo lo posible para que el juez reconozca las contribuciones de Alejandra”, concluyó Jacinta González.