WASHINGTON.- Una orden ejecutiva migratoria del presidente Donald Trump, acoplada a ciertas leyes estatales, daría luz verde a la delación y deportación de trabajadores indocumentados que sufran lesiones en el trabajo y soliciten beneficios de compensación laboral, advirtieron este jueves activistas.
La orden ejecutiva del pasado 25 de enero permite que la Oficina de Inmigración y Aduanas (ICE) persiga a inmigrantes indocumentados implicados en cualquier tipo de “fraude” –incluyendo el uso de documentos falsos y reclamos con documentos falsos-, por lo que agencias estatales encargadas de procesar beneficios de compensación laboral podrían denunciarlos ante las autoridades de Inmigración.
“Acá vemos muchos casos de robo de salario, accidentes laborales, y otras formas de injusticia contra los trabajadores. Muchos se callan cuando sufren lesiones por temor, porque sus empleadores les dicen que son amigos del presidente (Donald) Trump y, aunque no lo sean, eso los intimida”, dijo a este diario Jeanette Smith, directora ejecutiva del “South Florida Interfaith Worker Justice” (SFIWJ, en inglés).
La orden ejecutiva “ciertamente va a agravar una situación ya de por sí mala en Florida”, advirtió.
En la mayoría de los casos, los formularios de compensación laboral en las agencias estatales o consultorios médicos exigen la presentación de un número de Seguridad Social, lo que aumenta el riesgo de que los inmigrantes indocumentados queden expuestos a la delación o represalias.
Ese fue el caso de José Flores, un inmigrante hondureño indocumentado que fue arrestado por ICE en Massachusetts en mayo pasado después de que sufriera una caída y solicitara compensación de la empresa de construcción, Tara Construction, para la que trabajaba.
Paradójicamente, leyes estatales en Massachusetts y la mayoría de los estados, además de varios tribunales federales, han reafirmado el derecho de todo trabajador a ese beneficio, sin importar su estatus migratorio.
Datos del Departamento de Seguridad Nacional indican que los trabajadores indocumentados conforman el 3,5% de la población en Estados Unidos, y en estados como California son el 10% de su fuerza laboral.
En general, se calcula que hay ocho millones de trabajadores indocumentados en la fuerza laboral de Estados Unidos.
Sin que sorprenda, varios estudios han demostrado que los trabajadores indocumentados figuran entre los grupos más vulnerables a lesiones en los sitios de empleo, particularmente en sectores de la economía que más dependen de su mano de obra, como agricultura, construcción y servicios.
En el año fiscal 2015, Florida, Texas y California encabezaron la lista de estados con mayores accidentes laborales. Ese año, hubo un total de 4,836 accidentes mortales en sitios de empleo en todas las industrias, según un estudio de SFIWJ, que usó datos del Departamento del Trabajo.
¿Los protege la ley?
Las leyes federales prohíben la contratación de inmigrantes indocumentados, so pena de multas y fuertes sanciones para las empresas.
Valiéndose del “Acta para la Reforma y Control de Inmigración” (IRCA, por su sigla en inglés), algunos empleadores han intentado privar a empleados indocumentados de una compensación laboral por sus lesiones, argumentando que éstos no son legales y, por lo tanto, no son elegibles para ese beneficio.
Sin embargo, la mayoría de los estados, incluyendo Arizona, Arkansas, California, Colorado, Carolina del Norte, Tennessee, Texas y Hawaii, han adoptado leyes que expresamente permiten a los trabajadores “sin papeles” el derecho a la compensación laboral, conocida en inglés como “workmans compensation”.
Las exenciones
Aunque Florida tenía una ley que daba a los trabajadores indocumentados derecho a compensación laboral, en 2003 la modificó de tal manera que éstos no pueden hacer reclamos por sus lesiones si presentan documentos falsos.
Ese ajuste en la ley le ha dado licencia a las aseguradoras para no cubrir los gastos médicos o pérdida de salario de inmigrantes indocumentados que sufren accidentes en sus trabajos. Peor aún, algunas empresas y agencias estatales que procesan estos reclamos con las autoridades de Inmigración para que sean deportados.
Para colmos, los inmigrantes indocumentados en Florida pueden afrontar cargos por fraude aunque nunca hayan presentado un reclamo de compensación por el simple hecho de usar papeles “chuecos” para trabajar.
La prensa local ha dado cuenta de casos en los que, tras recibir pistas de aseguradoras y sus detectives privados, la agencia estatal que monitorea el fraude en los seguros han realizado “redadas” en consultorios y sitios de empleo, arrestando a indocumentados bajo cargos de fraude contra el programa de compensación laboral por usar números de Seguridad Social falsos.
“Ya hemos visto que cuando un estado promulga una ley negativa, esto tiende a regarse a otros estados, y cuando a nivel nacional se crea un ambiente de desprecio hacia ´el otro´, de verlo como alguien inferior, entonces puedes anticipar que otros seguirán esa línea”, dijo Smith.
De hecho, el estado de Wyoming tampoco permite que los trabajadores indocumentados accedan a una compensación laboral por sus lesiones, y el Tribunal Supremo estatal reafirmó esa política.
Trabajadores “desechables”
No todos los empleadores abusan de sus empleados y hay empresas que están dando buen ejemplo al proveer un aumento del salario mínimo y otros beneficios laborales.
Pero los hay que, según Smith, “tratan a los trabajadores indocumentados como desechables, porque piensan que pueden reemplazarlos fácilmente con otros”.
“Hay empleadores que abusan de sus trabajadores, que los intimidan y privan de sus salarios o beneficios, pero esa ganancia es poca y breve, porque deberían pensar en el gasto de capacitar a otros empleados, y en el impacto en la moral de los trabajadores”, señaló Smith, que recetó una reforma migratoria integral que regularice a los indocumentados y “nivele la cancha de juego” para todos los trabajadores.