En enero de 2016, un año antes que Donald Trump asumiera la presidencia, agentes de Inmigración y Aduanas (ICE) realizaron un llamado “Operativo Resolución Fronteriza” en el que arrestaron a 120 mujeres y niños migrantes en Texas, Georgia y Carolina del Norte.
Las tácticas que usaron para lograr que las aterradas familias abrieran la puerta, fueron las mismas que usan hoy en día bajo las órdenes de Trump para no dar cuartel a nadie, especialmente a los que buscan asilo y protección de los Estados Unidos.
“Los agentes llegaron a las puertas de familias migrantes haciéndose pasar por policías, diciendo que estaban buscando a un criminal de nombre desconocido o mostrando una foto de alguien que supuestamente estaba escondido allí”, dijo a La Opinión Lisa Graybill, sub directora legal de SPLC.
“Inventaron nombres, engañaron o simplemente forzaron su presencia dentro de la casa”, continuó la abogada. “En ningún caso tenían una orden judicial y en cada caso, las familias tenían permiso de estar en este país, pendiente una proceso judicial”.
Este lunes, abogados del Centro Legal sobre Leyes y Pobreza (SPLC) presentaron contra ICE y el gobierno federal una demanda legal que exige daños y perjuicios para tres familias centroamericanas que, alegan, fueron víctima de engaños y manipulaciones por parte de los agentes de ICE.
Esta serie de redadas ocurrió en los días de año nuevo de 2016, justo cuando el gobierno de Barack Obama estaba empeñado en demostrar que las familias centroamericanas que venían a este país buscando refugio serían procesadas usando “mano dura” y tendrían que regresar a su país.
Graybill dijo, no obstante, que las tácticas se han intensificado bajo el gobierno de Trump, al menos en forma numérica, aunque las formas de engañar a los migrantes para que abran la puerta son las mismas.
“Este sistema ya estaba roto”, dijo la abogada. “¿Para qué irrumpir violentamente en las casas de estas personas cuando todas estaban bajo proceso de ICE y varias tenían un brazalete electrónico en el tobillo por el que podrían controlar su localización?”.
“Hoy vemos aún más de este tipo de tácticas y muchos más arrestados”, agregó.
La familia Vargas fue una de las afectadas. Rosa Vargas Morales, su hijo adulto Juan Mijangos Vargas y su hija de 10 años, identificada solo con las iniciales D.M.V. fueron arrestados en su hogar de Stone Mountain, Georgia, durante una de estas redadas.
La demanda explica en detalle lo ocurrido en la redada al hogar de los Vargas el 2 de enero de 2016 a las 4 de la mañana, cuando nueve vehículos sin marca rodearon su casa y personas con chaquetas que decían “Policía” golpearon su puerta y tocaban insistentemente el timbre y la puerta.
La familia inicialmente se rehusó a abrir y posteriormente detuvo a Carlos René Morán Morales, hermano de Rosa Vargas Morales, cuando regresaba de comprar comida en el mercado.
Alegaron que buscaban a un sospechoso de delito llamado “Miguel Soto” y que esta había entrado ese día a la casa, por lo que sus ocupantes corrían peligro, alega la demanda.
Eventualmente, los agentes forzaron la entrada cuando Morán abrió la puerta, tras mentir que esperarían a fuera mientras él buscaba las identificaciones de todos los que estaban en la vivienda.
La demanda alega que en este caso, los agentes violaron las leyes y la constitución al forzar su entrada con engaños a la casa, para luego arrestar a Rosa Vargas por supuestamente no presentarse en una cita de la corte.
También se incluyen los casos de dos familias más, los Padilla y los Gutiérrez.
“Las acciones de ICE no sólo fueron inconstitucionales sino que presentan un peligro para toda la colectividad”, dijo Graybill. “Cuando una autoridad toca la puerta buscando a un delincuente, tu quieres colaborar, y la policía necesita la ayuda del público”.
Pero cuando autoridades como ICE usan mentiras para granjearse la confianza o para intimidar a los residentes de un hogar, “todos estamos en peligro porque perdemos confianza en quien puede venir a nuestra puerta”, apuntó.
ICE y DHS no comentan sobre demandas pero el Operativo Resolución Fronteriza, iniciado bajo el gobierno de Barack Obama contra algunos grupos de migrantes centroamericanos, ha continuado bajo el gobierno de Donald Trump.
Las tres familias que presentaron la demanda siguen en este país con permisos legales, dijo la abogada de SPLC.