LAS VEGAS, NV.- El gobierno de Donald Trump dio a conocer el 10 de octubre su plan conocido como “carga pública” tras la propuesta del 22 de septiembre pasado que consiste en una nueva reglamentación para que los inmigrantes que reciban legalmente beneficios públicos, como asistencia alimentaria y vales de vivienda, se les pueda negar el beneficio de la residencia permanente.

De acuerdo con la ley federal vigente, “aquellos que buscan inmigrar a Estados Unidos deben demostrar que pueden mantenerse económicamente”.

Esta regulación afectaría a unas 382.000 personas al año, según estimados del propio gobierno, pero organizaciones cívicas consideran que el número de afectados sería mucho mayor teniendo en cuenta que incluye a las familias de los solicitantes.

El Reglamento publicado en el diario oficial del gobierno conocido como “Federal Register”, explica los antecedentes de lo que se considera ‘carga pública’ para quienes consideren recibir beneficios públicos y propone ampliar y redefinir qué personas que presentan solicitudes de residencia permanente pueden ser consideradas dentro de esta categoría por el gobierno de Estados Unidos.

Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), la nueva reglamentación no se aplicará retroactivamente, es decir aquellos inmigrantes que ya tienen su residencia permanente, no deberían preocuparse.

Tampoco afectará a refugiados, solicitantes de asilo, cubanos amparados bajo la ley de ajuste, víctimas de tráfico humano que solicitan Visa T, víctimas de crímenes que piden Visa U, víctimas de abuso doméstico peticionarios de ley VAWA, nicaragüenses y otros centroamericanos amparados por la ley NACARA, entre otros.

Sin embargo, los extranjeros que quieran solicitar una Visa o ajustar su estatus migratorio, deberán probarle al gobierno de EE.UU., que no serán una carga pública.

En el mismo reglamento el gobierno ofrece un plazo de 60 días para permitir comentarios públicos, incluyendo propuestas.

Los interesados, pueden hacerlo bajo la referencia DHS Docket No. USCIS-2010-0012, mediante los siguientes métodos:

• En el portal Federal eRulemaking: regulations.gov, siguiendo las instrucciones y sometiendo sus comentarios.
• Por correo postal dirigido a Samantha Deshommes, Chief, Regulatory Coordination Division, Office of Policy and Strategy, U.S. Citizenship and Immigration Services, Department of Homeland Security, 20 Massachusetts Avenue NW, Washington, DC 20529-2140. Asegúrese de incluir la referencia DHS Docket No. USCIS-2010-0012.

Activistas comunitarios y abogados de inmigración invitan a la comunidad a participar con sus comentarios, porque una vez terminado el plazo de 60 días (diciembre 10, 2018), y de aprobarse la nueva definición de “carga pública”, podían quedar incluidos quienes reciban el programa de alimentos “SNAP”, Medicaid, subsidios de vivienda, y la cobertura de recetas médicas bajo la “Parte D” del sistema de “Medicare”.

Analistas económicos estiman que de pasar la propuesta como está redactada, se daría preferencia a personas que demuestren ingresos anuales por encima del 250% de las pautas federales de pobreza lo que en la actualidad es de $41.150 para una pareja sin hijos y de $73.550 para una familia integrada por cinco personas, para no ser considerados como una ‘carga pública’ para el país.

Dirigentes de organizaciones estatales y nacionales han hecho conocer su disposición de motivar a la comunidad a expresarse mediante comentarios en la página mencionada para evitar lo que consideran “es un ataque de Trump a las familias inmigrantes”.