El Gobernador Jerry Brown firmó el proyecto de ley SB785, el cual protege a los inmigrantes de divulgaciones irrelevantes de su estado migratorio en un juicio público.
La medida impulsada por el senador Scott Wiener (D-San Francisco) y la asambleísta Lorena Gonzalez Fletcher (D-San Diego) fue aprobada con apoyo bipartidista en el Senado y en la Asamblea. Como medida de urgencia requirió 2/3 de aprobación en la legislatura, y toma efecto inmediatamente.
“Nuestros tribunales deberían ser lugares donde se sirva justicia para todos, independientemente de su estatus migratorio” dijo el senador Wiener. “Este proyecto de ley ayudará a las víctimas de delitos y a los testigos de crímenes a presentarse y atestiguar sobre lo que han visto, sin temer que lo hagan ante la posibilidad de que su estado migratorio, que no tiene nada que ver con el crimen, se haga público. Con el apoyo de demócratas y republicanos, la Legislatura de California ha demostrado que entendemos que la seguridad pública es más importante que el estatus migratorio en nuestros tribunales”.
Cuando las personas se presentan para participar en los casos judiciales como víctimas o testigos, algunos abogados están preguntando sobre el estado migratorio, incluso cuando no es relevante para los hechos del caso. Esto crea un efecto escalofriante, que puede evitar que las víctimas y los testigos se presenten, ya que los funcionarios del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) pueden utilizar estos procedimientos para identificar y localizar a las personas objeto de deportación, dicen los legisladores que impulsaron la medida.
La SB785 requiere que cualquier discusión o interrogatorio sobre el estado migratorio de cualquier testigo, víctima o acusado primero sea juzgado por un juez como relevante y admisible. Esta determinación judicial preliminar evitará la revelación del estado migratorio, lo que puede disuadir a los testigos de presentarse para testificar tanto en casos penales como civiles. Para establecer la admisibilidad, un abogado debe persuadir a un juez en una audiencia privada a puerta cerrada antes de plantear el asunto en audiencia pública. El juez entonces determinará si permite que se plantee la cuestión.
El Proyecto de Defensa de los Inmigrantes informó que, en 2017, el número de arrestos o intentos de arrestos por parte de agentes de ICE en todos los tribunales de Nueva York aumentó en un 900%. El año pasado, el presidente del Tribunal Supremo de California, Tani Cantil-Sakauye, dijo en una carta al Fiscal General Jeff Sessions y al exsecretario de Seguridad Nacional John Kelly: “Nuestros tribunales sirven como un foro vital para garantizar el acceso a la justicia y proteger la seguridad pública. Los tribunales no deben usarse como carnada en la aplicación necesaria de las leyes de inmigración de nuestro país”.