SAN DIEGO, CALIFORNIA.- La administración del presidente Donald Trump demandó el 6 de marzo a California por proteger a los inmigrantes indocumentados, pero con la sexta economía mundial y una agricultura que depende de los campesinos, miles de ellos también sin documentos, el estado más rico de la unión americana está dispuesto a defender su política santuario.
“Aplicar la política racista de Donald Trump definitivamente va a tener un impacto negativo en la agricultura, y por lo tanto en la economía de California y esto no tarda en verse reflejado en escasez y carestía de alimentos en todo el país; puede ser muy contraproducente”, dijo a Inmigración.com el dirigente Luis Magaña, defensor de los derechos de los inmigrantes en el Valle de San Joaquín.
En respuesta a la demanda dijo que “como la agricultura no se puede tecnificar”, no han podido integrar robots, “es un sector que depende enteramente de la mano de obra de los inmigrantes, casi todos mexicanos, y tampoco hay quien vaya a sustituir a los campesinos mexicanos”.
Según Magaña, si las autoridades de inmigración siguen con las redadas en California, es probable que los empresarios puedan demandar por pérdidas económicas.
La semana pasada oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) arrestaron en una redada en el condado de Kern a 26 trabajadores agrícolas. El sindicato Unión de Trabajadores Agrícolas (UFW) convocó a una protesta en esos mismos campos, pero luego de esa reunión los campesinos no regresaron a trabajar.
Un vicepresidente del sindicato, Armando Elenes, dijo que ICE declaró que fue una operación en busca de delincuentes con antecedentes, pero se sabía que todos los que fueron detenidos carecían de antecedentes penales.
Magaña explicó que muchos de los agroindustriales en California “apoyaron la elección de Donald Trump y están muy ligados con alguaciles y policías contra los trabajadores indocumentados, pero nada más para amenazarlos y tratar de no pagarles sus salarios”.
Si eventualmente por redadas los campesinos se van a otros estados o regresan a México, pueden perder sus cosechas.
La contralora estatal de California, Betty Ye, reiteró que los trabajadores indocumentados aportan 180 mil millones de dólares anuales a la economía estatal. Los campesinos mexicanos aportan básicamente toda la mano de obra agrícola.
Explicó que uno de cada diez trabajadores en California es indocumentado y tiene un lugar fundamental en la economía que se traduce en dos billones 400 mil millones de dólares anuales del Producto Interno Bruto, según cifras de la contraloría estatal.
Con esto, si California fuera un país aparte, tendría la sexta economía global después del resto de Estados Unidos en conjunto, China, Japón, Alemania e Inglaterra; una mayor economía que Francia o Canadá, por ejemplo.
El senador autor de la ley Acta de los Valores de California o SB54, el presidente saliente del senado de California, Kevin de León, explicó que su legislación reconoce las contribuciones de los inmigrantes a la economía de California, independientemente de su condición migratoria.
Cuando el gobernador Jerry Brown aprobó la SB54, De León ilustró con un ejemplo de una economía pequeña lo que podría suceder en California si permeara una política contra inmigrantes.
Dijo que Georgia aprobó en el 2011 la ley HB87 que hizo huir del estado a los campesinos y durante las cosechas tuvieron una escasez de cerca del 50 por ciento de mano de obra que, como emergencia, trataron de sustituir con presos que no pudieron salvar la situación, con pérdidas de 140 millones de dólares.
“En la administración Trump tal vez piensan que con la demanda de hoy afectan nada más a California, pero no es así, porque aquí producimos muchos alimentos que no hay en ninguna otra parte, puede ser contraproducente”, dijo Luis Magaña.
Tanto el procurador estatal, Xavier Becerra, como De León aseguran que la demanda del gobierno federal contra California por su política santuario no florecerá.
De León aclaró en entrevista televisiva en vivo que para elaborar la SB54 le asesoró el exprocurador general Eric Holder y es una ley estatal que no contradice la constitución de Estados Unidos, como demanda el procurador de Trump, Jeff Sessions.
Pero Magaña advierte que el riesgo está vigente porque ¿qué va a pasar mientras esto se aclara en cortes? La temporada de cosechas está por comenzar.