La llamada Ley de Valores de California o “ley santuario” no fue la única medida pro inmigrante aprobada por la legislatura estatal este año: el gobernador Jerry Brown refrendó además dos leyes que protegerán a inmigrantes de redadas en centros de trabajo y darán ”santuario” en las escuelas públicas y privadas, prohibiendo el acceso de agentes migratorios.
Las respectivas leyes fueron AB 450 y AB 699, patrocinadas por el asambleísta David Chiu, de San Francisco y por Patrick O´Donnel, asambleísta de Long Beach, ambos demócratas.
Ambas fueron parte de un paquete de once leyes que el gobernador Brown presentó como parte de su agenda para “asegurar que la gente inmigrante y trabajadora del estado esté protegida y respetada”.
Las dos leyes entrarán en vigencia el próximo 1 de enero de 2018 y ponen a California en la delantera de las protecciones a su comunidad inmigrante, frente a la acción agresiva de autoridades migratorias cuyo objetivo es deportar a la mayor cantidad posible de personas.
No redadas en centros de trabajo sin una orden judicial
La ley AB 450 será la primera y única hasta ahora de su tipo en la nación y requiere a un empleador impedir el paso de agentes de inmigración a un centro de trabajo, oficina, fábrica, campo, etc a menos que los federales sean portadores de una orden firmada por un juez.
Como parte de esta nueva medida, el estado de California comenzará a ofrecer información y guía a los empleadores sobre sus derechos y responsabilidades en estas circunstancias. Incumplir estas reglas podría acarrear multas al empleadores que varían desde 2,000 a 10,000 dólares.
Además, la ley ordena que se informe a los trabajadores sobre cualquier auditoría de los documentos migratorios realizada por el gobierno federal, antes de cumplidas las 72 horas de el aviso federal al respecto.
Este tipo de “redadas de escritorio” en ocasiones lleva al arresto o al despido por parte del empleador, de un trabajador, cuando hay una discrepancia entre los records federales y la verificación de empleo que el patrono guarda en sus archivos (formulario I-9)
En parte, la ley se modeló en un famoso caso ocurrido en una panadería de Nueva York, cuando ICE se presentó a revisar la documentación de los empleados y la empresa no informó a los trabajadores hasta diez días antes de la fecha límite permitida por los federales, fecha en la que intentó despedirlos.
Representantes de los trabajadores del sector alimentario elogiaron la AB450, indicando que al ser notificados los trabajadores “estos tendrán tiempo de buscar asesoría legal, apoyo de la comunidad y tomar otras medidas protectoras”.
“Hemos visto de primera mano la devastación que una auditoría de ICE causa en los trabajadores inmigrantes, especialmente cuando el patrón colabora en secreto con los agentes“, indicó Daniel Gross, representante gremial de los trabajadores alimentarios en Nueva York. “Esta ley de California será un modelo para la nación”.
El asambleísta Chiu dijo que “AB 450 refuerza las protecciones legales para los trabajadores e informa a las empresas sobre cómo proceder cuando los agentes de ICE se presenten en sus lugares de trabajo”.
Santuario en las escuelas y en los archivos estudiantiles
La otra medida que también pasa a ser ley en California el próximo 1 de enero es AB699, una legislación que prohibe que las escuelas y centros educativos -sean públicos o privados- recojan en sus archivos información sobre el estatus migratorio de los pupilos o estudiantes.
También provee apoyo a los estudiantes en caso de arresto de padres o familiares, medidas y educación contra el “bullying” relacionado a el estatus migratorio.
Además, ordena que el procurador estatal diseñe un reglamento que limite y regule la asistencia de los centros de estudio a las autoridades de inmigración, hasta el límite permitido por las leyes federales y estatales.
Teóricamente, las autoridades migratorias no realizan operativos en escuelas, iglesias y otros lugares “sensibles” de la comunidad, pero la medida está destinada a marcar esos límites en caso que esto llegara a ocurrir.
La nueva ley ordena que se creen procedimientos, aplicables en cada centro de estudios, para responder a pedidos federales de información personal sobre estudiantes o sus familiares, así como para responder si un agente migratorio busca acceder a la escuela para realizar una tarea policial.
La Asociación de Maestros de California y la Asociación de Colegios Comunitarios elogiaron la aprobación de esta medida y su autor, el asambleísta O´Donnell, dijo que “los niños no pueden aprender cuando tienen miedo” y que el objetivo de la medida es ofrecer una medida de seguridad a los estudiantes.