SAN DIEGO, CALIFORNIA.- Después de haber sido deportado dos veces, un hombre de Tijuana, México, de 66 años de edad, cruzó la frontera a California reiteradamente durante 37 años expresamente para cometer fraudes a programas de asistencia gubernamental, según aceptó el mismo mexicano ante un tribunal federal en San Diego.
Andrés Avelino Anduaga reconoció que en la década de los años setenta había sido deportado a Tijuana en dos ocasiones con diferentes nombres, pero en 1980 se hizo de una acta de nacimiento de un ciudadano estadounidense y con ella pudo conseguir un número de Seguro Social con el que cometió fraudes a programas de asistencia.
Anduaga dijo al juez federal Andrew Schopler que el monto total de fraude fue de unos 350 mil dólares, pero que hubo otros programas que no pudo aprovechar.
Cuando el inmigrante consiguió el acta y la tarjeta de Seguro Social mantuvo su lugar de residencia en la fronteriza ciudad mexicana de Tijuana, pero usaba ambos documentos para cruzar la frontera al condado de San Diego, California, y las autoridades fronterizas le permitían pasar por su derecho como presunto ciudadano estadounidense.
Anduaga consiguió beneficios por alrededor de un cuarto de millón de dólares de Seguridad de Ingreso Suplementario y cerca de cien mil dólares más en beneficios de salud, todo a nombre de su víctima.
Pero el año pasado, al solicitar beneficios de un programa estatal de California que proporciona productos frescos perecederos a residentes que no pueden tenerlos, el tijuanense declaró que vivía en California sin poder demostrarlo.
Una investigación sobre ese intento de fraude integró pronto a la Administración del Seguro Social, Aduanas y Protección Fronteriza, el Departamento de Vehículos Motorizados de California, así como el departamento de Servicios de Salud, y al buró de Investigaciones de Asistencia Pública de San Diego.
Las autoridades establecieron que el total de fraudes asciende a $360,908.85. Enfrenta una sentencia de 12 años de prisión y deberá pagar una multa de casi un millón de dólares. La sentencia está programada para finales de mayo.