La Corte Suprema de Iowa dejó sin efecto hoy cargos criminales presentados contra una “soñadora” mexicana madre de cuatro hijos, a la vez que cuestionó la aplicación de leyes estatales sobre empleo en beneficiados por leyes federales de inmigración.
El fallo de 61 páginas, resultado de un veredicto no unánime, sostiene que las autoridades estatales no pueden presentar cargos por uso de documentos falsos contra Marta Martínez, beneficiada en 2013 por el programa de la Acción Diferida por Llegados en la Infancia (DACA), porque es competencia de leyes federales regular el empleo de los indocumentados.
De acuerdo al documento judicial, en 2003, a los 17 años, Martínez usó el nombre ficticio “Diana Castaneda” para obtener una licencia de conducir y lo volvió a usar para renovar la licencia en 2008. Cinco años después empleó ese mismo nombre para trabajar en una empresa del condado de Muscatine.
En 2014, ya trabajando legalmente por estar beneficiada con el programa DACA, en vista de que la mujer fue llevada a Iowa desde México a los 11 años de edad, Martínez gestionó una nueva licencia de conducir, pero esa vez con su nombre verdadero, lo que evidenció la identidad en las tarjetas anteriores.
Martínez recibió cargos en un juzgado por robo de identidad, uso de documentos falsos y robo de propiedad o servicios por arriba de mil dólares, por los salarios recibidos antes de regularizar su situación.
No obstante, cuatro jueces del Tribunal Supremo de Iowa votaron a favor de anular los cargos presentados, mientras que los otros tres jueces de esta instancia afirmaron que el hecho de que Martínez esté beneficiada con DACA no es impedimento para presentarle cargos por robo de identidad o por otros delitos.
Estos tres magistrados advirtieron además que el fallo beneficiaría solo a “inmigrantes no autorizados que trabajan usando un seudónimo para no pagar impuestos o para ocultar su historia criminal”, pero no a ciudadanos estadounidenses.
Por su parte, Rita Bettis, directora de asuntos legales de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) en Iowa, calificó el dictamen judicial como “una significativa victoria para los derechos de los inmigrantes”.
“El fiscal del condado de Muscatine usó el continuo empleo (de Martínez) como base para los cargos criminales, a pesar de que las leyes federales de inmigración claramente indican que los funcionarios estatales y locales no pueden regular de esa manera el empleo de extranjeros”, explicó Bettis.
La decisión judicial, añadió, significa que las autoridades locales no pueden crear “zonas sin DACA” por medio de “acusaciones de falsificación de documentos contra los beneficiados por DACA”.