Siete inmigrantes indocumentados centroamericanos que llegaron al país en busca de asilo aseguraron el 26 de junio que continuarán con su huelga de hambre iniciada la semana pasada en un centro detención en California, pese a que las autoridades de inmigración no la reconocen como tal.
El jueves 22, un grupo de ocho inmigrantes detenidos en el centro de Adelanto al noreste de Los Ángeles (California) anunció que había reiniciado una huelga de hambre porque se sentían “engañados” por las autoridades migratorias.
El grupo había iniciado una huelga de hambre el pasado 12 de junio para protestar por las condiciones de su reclusión y las elevadas fianzas establecidas para su libertad condicional, pero la suspendieron luego de hablar con las autoridades de inmigración.
Isaac López Castillo, quien se identifica como portavoz del grupo, argumentó que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) les mintió sobre la autonomía de la entidad para establecer las fianzas de libertad condicional, razón por la cual decidieron el jueves reanudar la huelga de hambre comenzada el 12 de junio.
No obstante, para ICE la acción no constituye una huelga de hambre, ya que para considerarse como tal un detenido debe completar 72 horas continuas sin consumir alimentos.
También se habló de que algunos de los detenidos (quedan siete ya que el octavo, un salvadoreño, fue deportado) hayan consumido alguna comida del centro.
“Con respecto a los reclamos sobre una huelga de hambre, hasta esta mañana ningún detenido en el Centro de Detención de Adelanto ha estado sin comer durante 72 horas, el plazo que daría lugar a la implementación de los protocolos de huelga de hambre de ICE”, declaró a Efe Virginia Kice, directora de comunicaciones de la Región Oeste de ICE.
Abogados que representan a dos de los siete detenidos que alegan participar en la huelga de hambre, presentaron una queja legal ante el Departamento de Seguridad Nacional, según informó este fin de semana Tristan Call de la organización Sureñxs En Acción.
La solicitud de los abogados formulada ante la Oficina de Derechos y Libertades Civiles pide una investigación completa sobre la conducta de los agentes de ICE y de los guardias privados de la prisión durante un enfrentamiento con nueve detenidos el 12 de junio.
Según la queja, los detenidos fueron “golpeados, torturados, se les negó acceso a servicio médico, puestos en aislamiento y se les negó su derecho a comunicaciones privadas abogado-cliente”.