JACKSONVILLE, FL.– Los condados Duval y Clay, en el Noreste de Florida; Pasco, en Florida Central; y Collier, en el Suroeste, son los cuatro condados que hasta hoy han firmado acuerdos de colaboración con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), que encierra la aplicación del temido programa 287g.
Su reanudación tiene en vilo a la comunidad indocumentada en Jacksonville y ciudades aledañas ya que el solo hecho de ser detenidos por manejar un vehículo sin tener licencia puede dar pie a una deportación.
Bajo este acuerdo, los agentes del orden de los referidos condados, cuentan con autoridad para detener a inmigrantes indocumentados, procesarlos bajo un sistema de huellas biométricas y entregarlos a las autoridades de ICE para enfrentar un proceso de deportación.
Aunque el espíritu del programa, incluido en una ley aprobada por el presidente Clinton en 1996, va orientado a la detención y expulsión de criminales foráneos, el 287g ha separado ya a cientos de familias en Jacksonville y ahora que ha sido retomado, la comunidad indocumentada en el área se ve amenazada, asegura Gilberto Ramírez, presidente de North Florida Foundation, INC.
“Cualquier situación puede servir para que detengan a las personas cuando están manejando y en algunos casos los oficiales los dejan ir si no tienen licencia y si tienen a alguien para que vaya por el auto, pero en otros casos no es así y de una vez se los llevan, los procesan y los reportan a ICE”, dijo Ramírez a Inmigración.com.
“A discreción”
El oficial Iván Peña, de la Unidad de Asuntos Internacionales de la Oficina del Sheriff de Jacksonville (JSO), aseguró que su agencia ha mantenido siempre la ejecución de este programa, excepto en el periodo en que el presidente Obama ordenó su suspensión.
Al respecto, Peña indicó que sus oficiales cuentan con discreción para detener o no a inmigrantes indocumentados con los que interactúan.
“En una situación en la que un individuo es detenido y se le encuentra sin licencia, el oficial usando su experiencia e instinto, puede determinar si amerita arrestarlo y llevarlo a la cárcel del condado o dejarlo ir”, aseguró el oficial agregando que “a veces hay personas que tratan de ocultar su identidad y eso causa desconfianza en los uniformados”.
Peña indicó que manejar un vehículo sin tener una licencia constituye una violación a la ley, por lo que recomendó evitar hacerlo. “Si se van a aventurar a seguir manejando sin licencia se les recomienda llevar consigo un documento que nos pueda indicar su identidad y su domicilio actual, eso podría ayudar a que el agente tome la decisión de no arrestarlos”.
Estos documentos podrían ser el pasaporte y facturas de servicios como electricidad o cable a nombre de quien los porta, a fin de que el oficial pueda establecer un modo de identificar al individuo.
También en Clay
El Condado Clay había sido considerado un refugio para los inmigrantes por el Centro de Estudios de Inmigración, hasta que el nuevo sheriff Darryl Daniels dejara en claro en marzo pasado que su condado no estará entre los que se arriesgan a perder millones de dólares en fondos federales. A las pocas semanas de su posesión en enero, su Oficina solicitó y firmó el programa 287(g) dirigido por ICE.
“Si sacar a los criminales del condado significa que tienen que ser deportados, entonces que así sea”, señaló Daniels. “No tengo problemas allí”, agregó.
Alarma
Ramírez, de North Florida Foundation, INC., dijo que un promedio de 6 a 7 inmigrantes indocumentados se ven enfrentados a las autoridades locales en una parada de tráfico, de acuerdo con el flujo de llamadas que reciben a través de su organización.
“A veces nos toca ir a ayudarlos y recoger sus coches, pero conseguimos que no se los lleven presos, pero en otras ocasiones no logramos abogar con éxito y se los terminan llevando”, aseguró.
Ese fue el caso de José Luis Camacho, quien hace poco más de tres meses fue arrestado por manejar sin licencia, procesado por el 287g y mandado al Centro de Detención en Baker County. “El ya firmó su salida voluntaria y sin embargo no lo mandan para México todavía”, relató el activista.
Casos como el de Camacho, sumado a que la Oficina del Sheriff de Jacksonville no hace públicas las detenciones de personas por casos de inmigración, ha llevado a los directivos de North Florida Foundation INC a gestionar una reunión entre el cónsul general de México en Orlando y el sheriff, Mike Williams.
“Queremos reunirnos con el sheriff para ver de qué manera podemos trabajar juntos en asistir a nuestros connacionales y canalizar la ayuda que necesitan en sus casos particulares. Ya hemos ayudado a muchos que se encuentran en Baker Center (centro de detención) pero necesitamos saber más sobre cuantos y quienes son detenidos cada semana”, dijo el cónsul general de México en Orlando, Juan Sabines, en una reciente visita a Jacksonville.