SAN DIEGO, CA.- El magistrado federal Gonzalo Curiel confirmó hoy que la administración del presidente Donald Trump puede construir el muro en la frontera con México al sentenciar que la demanda interpuesta por protectores del medio ambiente, corresponde más a una situación política que no atañe a una Corte.

Al fallar en contra de demandas de parte del gobierno de California, del congresista por Arizona, Raúl Grijalba, y de una coalición ambientalista, el magistrado declaró que pasar por alto el impacto al medio ambiente, al construir el muro en la frontera con México, es una decisión política que no corresponde a una corte.

“Los tribunales tienen la autoridad para interpretar la ley; no poseemos la experiencia ni la prerrogativa de emitir juicios de política”, declaró Curiel.

“Esas decisiones se confían a los funcionarios electos de nuestra nación, que pueden ser destituidos si la gente no está de acuerdo con ellos. No es nuestro trabajo proteger a la gente de las consecuencias de sus elecciones políticas”.

Al conocer la resolución, el procurador general de California, Xavier Becerra, dijo que su estado “sigue enérgicamente opuesto al muro de Trump pese a ese dictamen”.

“Una muralla medieval en la frontera no corresponde al siglo 21”, declaró categórico el procurador.

Becerra reiteró que California mantiene firme “nuestra creencia de que la administración de Trump ignora las leyes que no le agradan con tal de resucitar una promesa de campaña, de construir un muro en nuestra frontera”.

Aunque no mencionó que California apelará la decisión, sí dijo que su oficina y el estado de California evalúan “todas las opciones y estamos preparados para hacer lo que sea necesario para proteger a nuestra gente, nuestros valores y nuestra economía ante el exceso de poder federal”.

En agosto pasado el Departamento de Seguridad Interior (DHS) anunció oficialmente que retomaría una disposición que empleó en el 2005 para no apegarse a medidas ambientales al construir tramos de muro, principalmente en la frontera del estado de Texas, donde había enfrentado múltiples demandas de residentes a las que se sumó el congresista Raúl Grijalba, quien representa al tercer distrito congresional de Arizona.

Un mes después California y el Centro para la Diversidad Biológica presentaron por separado demandas contra ese anuncio del Departamento de seguridad.

El caso en manos del juez Curiel llamó la atención nacional porque el magistrado fue quien llevó el juicio contra la Universidad Trump en San Diego, caso por el que Trump, cuando era candidato, afirmó que era un juez que estaba en su contra por ser mexicano. Curiel nació en Indiana.