MCALLEN, TX.- La Procuraduría General de Texas, tras el dictamen del 25 de septiembre anterior de la Corte Federal de Apelaciones del Quinto Circuito, informó que ahora está implementando la Ley SB 4, también conocida como la Ley Contra las Ciudades Santuario de Texas en dos aspectos que favorecieron al estado.

La ley autoriza a la procuraduría general a dar seguimiento a sanciones civiles o retirar de su cargo a entidades o funcionarios locales que adoptan o aplican normas que prohíben la aplicación de leyes federales de inmigración o retención de detenidos. Asimismo, la ley también establece como un delito menor el hecho de rehusar cumplir con órdenes de detención de inmigración federal.

Un dictamen anterior de una corte federal de distrito había prohibido las disposiciones sobre la detención junto con varias otras de la SB 4 en contra de ciudades santuarios, pero el Quinto Circuito anuló la orden de restricción de la corte de distrito en cuanto a algunas de las disposiciones en contra de ciudades santuarios y detenciones (siempre y cuando el gobierno federal cumpla con sus normas de detención).

La orden de restricción de la corte de distrito sigue en vigor sólo para las frases en SB 4 de “limitar materialmente” y “respaldar”, lo que permite al procurador general aplicar el resto de la ley.

“El Quinto Circuito ha confirmado rápidamente lo que la Procuraduría General y un servidor hemos mantenido por mucho tiempo: El Proyecto de Ley 4 del Senado es una medida de sentido común que previene a los gobiernos en Texas obstaculizar la aplicación federal de la ley de inmigración,” dijo en un comunicado el procurador general Ken Paxton, agregando que “al aplicar las disposiciones claves de SB 4, vamos a prevenir a criminales peligrosos de andar libres en nuestras comunidades de Texas.”

Ahora la SB 4 permite que el procurador general reciba quejas de residentes dentro de la jurisdicción de una entidad local (o que están inscritos o empleados en un instituto de educación superior) sobre infracciones de las disposiciones en contra de santuarios o detención. Las quejas deben incluir declaraciones juradas afirmando los hechos sobre las supuestas infracciones.

La decisión de la Corte Federal de Apelaciones que autoriza que partes de la SB 4 entren en vigor sólo será válido hasta que la misma Corte analice argumentos sobre la constitucionalidad del estatuto en una audiencia que tendrá lugar el próximo noviembre.

Será hasta entonces cuando se determine definitivamente el futuro de la SB 4 y sus diversas disposiciones.