Un reciente informe prendió nuevamente las alarmas de los protectores de los derechos de los inmigrantes luego de conocerse de los abusos sistemáticos que reciben cuando son arrestados por la Patrulla Fronteriza.
El informe titulado “Las deportaciones en la oscuridad: tácticas coercitivas y la privación de información y procesos en la repatriación de los migrantes”, alega que los agentes de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) atacan sistemáticamente a sus detenidos, tendencia que ha crecido desde la llegada de Trump al poder.
El informe publicado por Think Progress se hizo en la base de 600 entrevistas a indocumentados deportados entre agosto de 2016 y 2017. Las cifras son contundentes.
Se encontró que el 43.5% de los indocumentados no fueron informados de su derecho a consultar ni pedir ayuda a su consulado; a más de la mitad de las personas no se les preguntó si su vida corría peligro en su países de origen privándolos de la oportunidad de presentar sus solicitudes de asilo político.
El sondeo también estableció que el 23.5% de los indocumentados que fueron detenidos sufrieron algún tipo de abuso o agresión, mientras que el 50.7% de ellos no se les permitió leer los documentos de su repatriación antes de firmarlos. El 42% de los indocumentados encuestados ni siquiera recibieron sus documentos de repatriación en absoluto.
Lo realmente preocupante de este informe es la evidencia de una tendencia de la patrulla fronteriza de negar los derechos básicos a los indocumentados que arrestan, negándoles la protección de sus derechos bajo las leyes de Estados Unidos.
Durante los últimos nueve meses de su presidencia, Trump ha tomado medidas para acorralar a lo comunidad indocumentada en EE.UU. con el llamado a contratar miles de agentes de inmigración, la amenaza de retener los fondos federales a las ciudades santuario; aumentar el número de centros de detención para indocumentados así como terminar con programas como DACA o el programa de niños refugiados centroamericanos.
Con este son numerosos los informes, alegaciones de primera mano y demandas antes los estrados judiciales contra los diversos organismos encargados de hacer cumplir las leyes migratorias en Estados Unidos.