Se estima que unos 45.000 inmigrantes que residen y trabajan en el condado fronterizo empezarían a perder su estatus de protección legal una vez que llegue la fecha límite impuesta por el presidente, Donald Trump, que dejó la decisión final sobre el programa DACA en manos del Congreso, y éste debe anunciarla antes del 5 de marzo

Tres cuartas partes de ciudadanos norteamericanos que respondieron a una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac coincidieron que a los “Dreamers” se les debería permitir permanecer en los Estados Unidos, por lo que organizaciones pro inmigrantes y soñadores exigen al Congreso cumpla con la voluntad de la comunidad.