CHALATENANGO, EL SALVADOR.- Es mediodía y el sol se impone sobre esta franja rural de El Salvador ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Honduras, entre las quebradas y las montañas del departamento de Chalatenango.
Rogelio Galdámez, de 47 años, prepara materiales y da instrucciones a sus ayudantes para enladrillar el patio, una de las pocas obras que le faltan para terminar de construir su casa La Laguna, ubicada 90 kilómetros al noreste de San Salvador. Cuando avance la obra y el invierno haya cedido el paso a la primavera, regresará de nuevo a Riverhead, Long Island, donde vive desde hace 18 años.
Esta zona es montañosa y alta, cada vez que se pregunta la dirección la gente señala hacia arriba, casi al nivel de los cerros.
El trabajo de Galdámez en la jardinería (landscaping) ha sido posible gracias a que dos años después de haber llegado indocumentado pudo acogerse al Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado por el gobierno de EE.UU. a más de 200.000 salvadoreños tras el devastador impacto de dos terremotos.
“Al principio fue difícil, uno no tiene idea de qué puede trabajar y sin hablar inglés. Pero es más fácil cuando uno puede legalizarse y obtener una licencia de conducir, eso abre muchas oportunidades. El TPS fue una bendición”, reconoció.
Rogelio está aferrado a la esperanza y cree que el cabildeo de los comités y el trabajo de los activistas pro TPS en EE.UU. lograrán una solución a favor de los miles de salvadoreños cuya vida pende de un hilo: la residencia permanente. Llamentablemente, las condiciones de pobreza y desempleo que lo obligaron a salir de El Salvador todavía están presentes, por lo cual su última opción es regresar.
Él dejó a su primera esposa, con quien no tuvo hijos, y emprendió la travesía hasta Nueva York solo. Dice que se tardó dos meses, durmió en el monte y tomó agua sucia, sin nadie que le guiara, ayudara o recibiera. Así llegó a Hempstead, donde se quedó tres días, luego a Westbury, donde pasó dos horas y luego a Riverhead donde echó raíces.
Junto a su actual compañera de vida han procreado tres hijos, una jovencita de 15, un niño de 11 y la menor que va a cumplir 7 años en febrero. Su bienestar es la principal preocupación, ya que al faltar él, sería imposible pagar la hipoteca de la casa, la manutención y el seguro médico.
El gran problema de El Salvador, dice, es que no está preparado para recibir a tanta gente que eventualmente tendría que regresar. “El problema aquí es el desempleo, no se puede… aunque uno tenga un poquito de dinero y quiera trabajar no se puede”.
En 2017, de acuerdo con la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples 2016 del Ministerio de Economía, la tasa de desempleo fue de 7%; sin embargo al ser desglosar por segmentos, dicha tasa sube hasta 14% para el grupo de jóvenes entre 14 y 24 años.
La principal preocupación es el bienestar de su mujer e hijos, así como sus padres que son adultos mayores y algunos familiares a los que ayuda esporádicamente. Dijo que un factor determinante para él es el acceso a servicios educativos.
Ante la pregunta ¿Sería este el país que quiere para sus hijos? Rogelio respondió: “La verdad no… no sé. Ellos tienen muchas opciones allá (en EE.UU.), aquí todo es limitado. En el caso mío, que soy nacido y crecido aquí, pienso que me llevaría un año mínimo para ambientarme de nuevo después de 18 años, pero para ellos sería muy difícil por la comida, la educación no es avanzada, las escuelas no están cerca… allá todo se facilita, acá no, acá no se puede”.
En el caso extremo de que sus hijos tengan que mudarse a El Salvador, sus únicas opciones educativas son escuelas públicas en los municipios La Laguna o Comalapa, a unos 10 kilómetros de distancia entre veredas, barrancos, quebradas y montañas.
Rogelio fue entrevistado a principios de enero por la cadena CNN cuando sus hijos Selvhin, Josslin y Marelin estaban de visita. Los niños compartieron algunas de sus inquietudes, como la falta de costumbre por la comida, el internet lento y los gallos que los despiertan a las 5:00 de la mañana todos los días.
Con gran preocupación, Rogelio indicó que: “La cancelación del TPS afectará primeramente el empleo porque los patronos empezarán a exigir documentos legales y eso sería como una deportación automática porque, ¿quién va a querer estar en EE.UU. sin poder trabajar ni cómo cubrir tantos gastos?”.
Las opciones, en su caso, son pocas. Faltan seis años para que su hija mayor pudiera tramitar su petición, y si para entonces no hay una vía legal para quedarse, Rogelio se considera parte de los que “se la rifarán”, es decir, desafiarán a la suerte y se quedarán indocumentados a enfrentar las últimas consecuencias. “Si no hay otra opción, compraré vuelo de regreso si es que no me mandan antes”, afirmó.
*Raúl Benítez, contribuyó en la elaboración de este artículo.