WASHINGTON.- La posible eliminación del programa de “Estatus de Protección Temporal” (TPS) tiene en zozobra a los inmigrantes indocumentados, no sólo porque podrían ser deportados sino también porque, a futuro, tampoco podrían reclamar beneficios del Seguro Social si no logran ajustar su estatus migratorio.
El secretario de Seguridad Nacional, John Kelly, extendió por sólo seis meses el TPS para inmigrantes haitianos, por considerar que las condiciones que justificaron ese beneficio tras el terremoto de 2010 han mejorado. Kelly evaluará una posible extensión en enero próximo.
El TPS es un beneficio temporal que otorga EEUU a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras circunstancias extraordinarias. Los beneficiarios normalmente reciben protección de la deportación y un permiso de trabajo temporal, que deben renovar siguiendo los requisitos del gobierno.
En la actualidad, alrededor de 340,000 extranjeros de casi una decena de países reciben protección del TPS, incluyendo Haití, El Salvador, Honduras, Nicaragua, Liberia, Siria, Sudán y Sudán del Sur, y Somalia.
Kelly no ha dado asomo de cuál será su decisión en 2018 respecto al TPS que reciben los inmigrantes indocumentados de El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero activistas de la comunidad inmigrante temen que el beneficio sea eliminado o sólo extendido por un tiempo más corto.
La posible eliminación del TPS, claro está, dejaría expuestos a una posible deportación a decenas de miles de inmigrantes, a menos que éstos puedan ajustar su estatus migratorio a través de matrimonio con un ciudadano estadounidense, una oferta de trabajo y patrocinio de una empresa, o la aprobación de un caso de asilo.
El sistema del Seguro Social acepta el TPS como prueba de permiso de trabajo legal, pero también impone diversos requisitos, relacionados con los “créditos” por horas trabajadas, para el desembolso de beneficios para jubilados, discapacitados, y sobrevivientes de beneficiarios fallecidos.
Un informe de 2013 del Seguro Social indicó que, en general, los trabajadores indocumentados habían contribuido en su conjunto $13,000 millones al sistema en 2010, pero a cambio solo recibieron mil millones de dólares en beneficios.
Es decir, por cada dólar que recibe un inmigrante indocumentado del Seguro Social, otros trabajadores reciben $13. Esa discrepancia está relacionada con el llamado Fideicomiso del Seguro Social (“Social Security Trust Fund”), adonde van a parar los pagos que no pueden ser cotejados con un número de seguro social legítimo.
Requisitos muy estrictos
Bajo las leyes actuales, el gobierno sólo puede otorgar beneficios del Seguro Social a personas con ciudadanía, residencia permanente o un permiso de trabajo vigente.
Una portavoz del Seguro Social, Diana Varela, no quiso especular hoy sobre el futuro del TPS, y evadió preguntas sobre si los beneficiarios podrían recibir su dinero de forma retroactiva.
Tampoco pudo precisar cifras sobre cuántos son los beneficiarios del TPS que han contribuido al Seguro Social, ni cuánto es la suma.
Sin embargo, a juzgar por sus explicaciones, los beneficiarios del TPS que hayan contribuido fondos al Seguro Social, estén jubilados o a punto de jubilarse o necesiten ayuda por una discapacidad, podrían perder ese dinero -o afrontarían una suspensión de los beneficios- si son expulsados del país y no logran ajustar su estatus migratorio.
El Seguro Social ha habilitado una página en español para explicar cómo funciona el sistema y cómo solicitar beneficios. También se puede obtener información a través de la línea telefónica gratuita 1-800-772-1213.
Otras contribuciones
Según un informe reciente del Instituto sobre Política Tributaria y Económica (ITEP, por su sigla en inglés), los inmigrantes indocumentados pagan miles de millones de dólares en impuestos locales y estatales. En 2014, por ejemplo, pagaron en su conjunto poco más de $11,700 millones, y el mayor impacto ocurre en 20 áreas metropolitanas, incluyendo California, Florida, Nueva Jersey, y Texas.
El monto recabado en 2014 incluyó más de $7,000 millones en impuestos a la venta al por menor, $3,600 millones en impuestos a la propiedad, y $1,100 millones en impuestos salariales.