LAS VEGAS, NV.- Las políticas migratorias del presidente Donald Trump que incluyen deportaciones de personas sin antecedentes delictivos, el fin del programa DACA y del TPS para centroamericanos y haitianos, conlleva un drama familiar de grandes repercusiones sociales: la separación de familias.
Es una situación a la que se suman cientos de familias inmigrantes en Estados Unidos a medida que avanza el tiempo límite otorgado por el gobierno para que aquellos que están amparados temporalmente de la deportación busquen salidas alternas a su situación migratoria, sin lograrlo.
Kathuy Salazar es la coordinadora forense de Behavioral Bilingual Services BBS, organización con sede en Las Vegas, NV, que ofrece servicios de consejería, terapia familiar y salud mental bilingüe bajo la dirección de Ingrid Sánchez, licenciada en trabajo social clínico con especialización en problemas de trauma, terapia infantil y juvenil, y violencia doméstica.
“Son personas que se asentaron en este país, aquí nacieron sus hijos, estudiaron y formaron familias”, explica. “Es muy difícil sacarlos a la fuerza para ser llevados a un país que no conocen, con culturas y niveles de inseguridad muy distintos”.
De hecho, pacientes con esta incertidumbre se incrementan en las oficinas de BBS. “Estas personas están expuestas a grandes estados de ansiedad y de depresión día a día, algo muy difícil de saber manejar”, explicó Salazar.
En el departamento forense de BBS se enfocan en dirigir evaluaciones con fines migratorios siendo una de las más populares el sufrimiento extremo que la persona experimenta ante la incertidumbre de no saber cuál va a ser su futuro ni el de sus familias.
Salazar dice que observan el impacto psico-social detallado de la persona buscando la parte más afectada, ya sea emocional, social, económica, médica y de cómo todo ello los afecta como individuos.
En el caso del TPS hay personas que vivieron en carne propia los efectos de la Guerra en El Salvador y otros hechos de violencia extrema. “Ellos experimentan momentos de terror con el solo hecho de pensar en volver a sus países”, dijo.
La terapeuta agregó que una de las grandes preocupaciones de estas familias es el hecho de tener que exponer a sus hijos, nacidos en Estados Unidos, a altos niveles de inseguridad en un país que no conocen.
Citó el drama de una familia salvadoreña con siete niños cuyos padres tienen orden de deportación y sienten gran temor de regresar a su país al punto de preferir dejar a los niños solos aquí antes de llevarlos a un lugar peligroso por las pandillas.
Agregó que casi todo lo que afecta la parte emocional se refleja en la parte física de las personas.
“A estas personas les recomiendo que busquen ayuda para tratar de estabilizar sus emociones con un sicólogo, o un terapeuta, o un consejero y, por supuesto, con un abogado de inmigración que les ayude a solucionar su caso”, concluyó Salazar.
Según un reciente informe de Human Rights Watch (HRW), la política de deportaciones de Trump tiene un efecto “devastador” sobre los inmigrantes y “viola sus derechos fundamentales”.
El informe reporta que desde que Trump llegó a la presidencia el 20 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre, la cifra de inmigrantes detenidos en el interior del país (no en la frontera) aumentó un 40% con respecto al año anterior mientras que los arrestos de inmigrantes sin antecedentes penales casi se triplicó al pasar de 11.500 a 31.888.