El caso de las familias que fueron separadas luego de ingresar a Estados Unidos a pedir asilo, lejos de solucionarse, se torna peor con el paso de los días.

El plazo que le fijó el juez federal de San Diego, Dana Sabraw, al gobierno del presidente Trump para que entregara a los niños menores de 5 años de edad a sus padres, el lunes 10 de julio, no solamente no se cumplió si no que además le sirvió al ejecutivo para esgrimir una serie de disculpas tratando de justificar su inoperancia.

Dos días después, el 12 de julio, autoridades a cargo de la reunificación familiar dijeron a los medios de comunicación que habían entregado 57 de los 103 niños menores de cinco años de edad a sus padres.

Una declaración conjunta de altos funcionarios del gobierno como el fiscal general Jeff Sessions, la Secretaria de Seguridad Interna, Kirsjten Nielsen y el Secretario de Salud, Alex Azar, refleja un tono de soberbia contra la orden judicial aduciendo que “los equipos de sus respectivas agencias han estado trabajando incansablemente para resguardar la seguridad de los niños”, como esperando un agradecimiento por ello.

Las razones que dieron los oficiales del gobierno por haber sobrepasado el tiempo para cumplir la orden, variaron desde la necesidad de revisar cuidadosamente la documentación que acreditaba la paternidad de quienes reclamaban a sus hijos, hasta el chequeo de antecedentes criminales de estas personas. Algo que se supone han debido hacer al momento de tomar la decisión de separarlos con tanta premura.

La improvisación y el manejo irresponsable y cínico con el que este gobierno está respondiendo a la crisis que ellos mismos crearon, es clara evidencia de lo mucho que le interesan estas familias inmigrantes que huyen de la violencia y de la inseguridad de sus países.

La verdad diáfana es que el gobierno nunca contempló un plan para manejar la situación, a pesar de las apresuradas declaraciones del vicepresidente Mike Pence quien afirmó que si había tal plan sin ahondar en detalles.

Y para terminar de “ponerle la fresa al pastel”, el presidente Trump dijo que tenía una solución a la separación de familias: “que no vengan a Estados Unidos ilegalmente”.

Estas familias llegaron a un puerto de entrada a pedir asilo, como lo permite la ley. Y fueron criminalizados y penalizados por el gobierno al encarcelar a los padres y separarlos de sus niños, incluidos bebés, a quienes enviaron a propósito tan lejos como fuera posible de sus progenitores. Y ahora se están viendo en aprietos para reunificarlos y saber quién es quién.

La política de “tolerancia cero” de la administración Trump, iniciada en abril de este año, ha separado a unos 3.000 menores de sus padres, los cuales deberán ser reunificados antes del 26 de julio, el otro plazo ordenado por el juez Sabraw.

Sobre la marcha, el fiscal Sessions anuncia con gran satisfacción otro remiendo mal hecho a la política de asilo. Primero eliminó la regla que le otorgaba permiso de trabajo a los asilados y refugiados, y luego dijo que los casos de violencia doméstica o amenazas de pandillas no son considerados para otorgar el derecho de asilo por cuanto las víctimas no pertenecen a un grupo específico bajo riesgo inminente, como lo enuncia la norma.

De esta forma, Sessions corta de un solo tajo la posibilidad de asilo a cientos de personas que llegaron a Estados Unidos amparados bajo una ley vigente y que ahora se encuentran con que esa ley cambió de un día para otro.

Ya sabemos el ‘respeto’ que le profesan a la ley y a las instituciones Trump y los funcionarios de su gobierno. Irrespetan las decisiones judiciales y se convierten en acusadores de los jueces cuando una orden judicial no les conviene y tratan de pasar por encima de ellas. Pero, en su hipocresía manifiesta, citan el acatamiento de la ley cuando se trata de los más vulnerables. Es la aplicación de la ley a conveniencia del gobierno.