La determinación de cancelar el TPS no solo tiene un impacto negativo para las familias inmigrantes, sino también para la economía del país. Una prueba de ello es la difícil situación que viven Flor Campos y su esposo, José Maldonado, residentes en Las Vegas, quienes hace 18 años dejaron El Salvador para buscar una mejor calidad de vida en Estados Unidos.

El incremento de solicitudes de re-inscripción de salvadoreños al Estatus de Protección Temporal TPS en la red consular de este país centroamericano en Estados Unidos es constante a menos de un mes de que se venza el plazo fijado por el gobierno del presidente Trump para la última prórroga, informaron representantes diplomáticos.

José Casas, un profesor de teatro en la Universidad de Michigan, presentará la obra “14”, que narra el drama acaecido en el 2001, donde 14 inmigrantes abandonados por un “coyote” en el desierto de Yuma, Arizona, murieron por deshidratación. La obra fue escrita hace más de 15 años y ahora cobra más actualidad por las políticas anti-inmigrantes del presidente Trump.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, instancia  adscrita a la Organización de Estados Americanos, OEA, sigue con preocupación numerosas denuncias de defensores de inmigrantes en Estados Unidos,  sobre quienes ha recaído supuestas represalias que podrían estar vinculadas a su trabajo de defensa de los indocumentados y sus familias.

La decisión del presidente Donald Trump de terminar paulatinamente el Estatus de Protección Temporal (TPS) que beneficiaba a cerca de 300 mil personas, continúa afectando la vida de miles de familias, la mayoría de las cuales ha vivido en Estados Unidos durante 20 años con el objetivo de lograr una mejor calidad de vida, la cual les fue prácticamente imposible obtener en sus países de origen.

Tres cuartas partes de ciudadanos norteamericanos que respondieron a una reciente encuesta de la Universidad de Quinnipiac coincidieron que a los “Dreamers” se les debería permitir permanecer en los Estados Unidos, por lo que organizaciones pro inmigrantes y soñadores exigen al Congreso cumpla con la voluntad de la comunidad.

La discusión de la legalización de 800.000 “dreamers” ha llegado a un punto álgido en el que reina la incertidumbre tanto en el congreso como en organizaciones comunitarias a nivel nacional y la comunidad estadounidense que observa la “pelea” del presidente Trump contra cualquier propuesta que no incluya su muro fronterizo con México.

El ruido que imprime la Casa Blanca, el compromiso republicano de discutir la propuesta para los jóvenes “soñadores”, y la dispersión del Partido Demócrata para sacar un real compromiso antes de  asegurar votos por el presupuesto son algunas de las condiciones que dos dirigentes y activistas pro inmigrantes en Washington DC, ven como preocupantes  de cara a la revisión legislativa del Proyecto de Ley sobre los llamados “dreamers”.