CHICAGO, IL.- Cerca de 300.000 jóvenes indocumentados amparados bajo la Acción Diferida (DACA) perderán sus empleos en los nueve meses siguientes a que este programa expire en marzo de 2018, según un estudio presentado hoy FWD.us, grupo creado por líderes tecnológicos partidarios de una reforma migratoria.

Según su presidente, Todd Schulte, EE.UU. sufrirá consecuencias “dramáticas y devastadoras” si el Congreso no actúa y salvar de la ilegalidad a miles de jóvenes que quedarán desprotegidos a partir del 6 de marzo, cuando expira DACA, aunque unos 22.000 “soñadores” ya perdieron este amparo y están en riesgo de deportación.

“No podemos asistir impasibles mientras nuestros vecinos y compañeros de trabajo son arrancados de nuestras comunidades”, declaró Schulte a Efe, al hacer un llamado a los legisladores para que aprueben una solución antes de fin de año.

FWD.us ya había analizado a fines de agosto las consecuencias de la decisión del presidente Donald Trump de cancelar DACA y sacar de la fuerza laboral a cientos de miles de personas.

Se estimó entonces que el impacto se sentirá en el Producto Interior Bruto (460,1 millones de pérdidas) y en las contribuciones al Seguro Social y el Medicare (24.000 millones) en una década.

“La Administración no debería cambiar el programa existente sin que se apruebe primero una ley que aborde los urgentes desafíos de la protección de estos jóvenes”, señaló FWD.us en un estudio que ahora es actualizado con datos más precisos sobre las pérdidas laborales y empresariales.

Sin una ley que proteja a los “soñadores”, como podría ser la DREAM Act 2017 presentada en el Senado, en los nueve meses siguientes al vencimiento del plazo final del 5 de marzo dado por Trump al Congreso, los desamparados serían unos 300.000.

Cada día, unos 1.700 jóvenes perderían la posibilidad de trabajar y contribuir a la economía del país, hasta llegar al despido de la totalidad de los 690.000 beneficiados con DACA que integran la fuerza laboral, en un plazo de dos años, según vayan expirando sus permisos de residencia y empleo.

Según el estudio, las consecuencias son todavía “más dramáticas” por el hecho de que los receptores de DACA viven en los 50 estados y en el Distrito de Columbia, lo que hará sentir las consecuencias económicas y políticas en todo el país.

También se destaca el “costo innecesario” que tendrán que asumir los empleadores para reemplazar a los trabajadores despedidos, estimado en 2.000 millones de dólares en dos años.

Las empresas tendrán problemas además en el momento de los despidos porque, en muchos casos, no saben quiénes son los receptores de DACA empleados, porque sus permisos de trabajo no son diferentes de los demás.

“Son personas que viven abiertamente en nuestras comunidades, son nuestros compañeros de trabajo, maestros o enfermeros, empleados productivos que quedarían en la calle por la única razón de un cambio arbitrario en la política federal”, señala el estudio.

El presidente de FWD.us dijo que el Congreso, al que Trump pidió en septiembre que resuelva esta situación con una ley qué otorgue estatus legal permanente a los “soñadores”, no puede esperar hasta el “último momento” y debe considerar las consecuencias morales y políticas del problema para aprobar una solución legislativa.

Los empresarios se movilizan para tratar de evitar una crisis “cruel e innecesaria”, y para mañana se espera la presencia en el Capitolio en Washington de ejecutivos de 40 empresas que realizarán cabildeos con los legisladores, en algunos casos acompañados por “soñadores” que han sido empleados por sus empresas, informó Schulte.

Asimismo, el grupo New American Economy, fundado por el exalcalde de Nueva York, Michael Bloomberg, anunció para el 6 de diciembre una serie de eventos en todo el país, con la participación de grupos religiosos, conservadores e hispanos, así como de cámaras de comercio y empresariales.