WASHINGTON.- El Gobierno del presidente de EE.UU., Donald Trump, pidió al Tribunal Supremo que deje de revisar su veto migratorio a musulmanes y refugiados por considerar que cualquier deliberación estaría obsoleta, pues el mandatario proclamó nuevas restricciones en septiembre.

El nuevo veto, proclamado por Trump el 24 de septiembre, impide de manera indefinida la entrada a EE.UU. de ciudadanos de ocho naciones: Irán, Libia, Siria, Yemen, Somalia, Chad, Corea del Norte y Venezuela, país este último en el que solo se verán afectados algunos funcionarios y su “familia inmediata”.

Ese nuevo veto sustituyó al proclamado en marzo y que entró en vigor, de manera parcial, el 26 de junio con el objetivo de impedir durante 120 días la entrada a EE.UU. de refugiados y, durante 90 días, el ingreso de ciudadanos de seis países de mayoría musulmana (Irán, Somalia, Sudán, Siria, Yemen y Libia).

Ante la proclamación del nuevo veto, el Tribunal Supremo canceló una audiencia prevista para el 10 de octubre y en la que tenía previsto estudiar la legalidad de la medida, considerada inconstitucional por varias cortes del país, incluidos tribunales de los estados de Hawái y Maryland.

El 5 de octubre, se cumplió el plazo que el Tribunal Supremo dio a las partes para posicionarse sobre el veto.

En nombre del Gobierno, el abogado, Noel J. Francisco, consideró que si el Tribunal Supremo decide seguir adelante, estará decidiendo sobre cuestiones que no tienen “importancia práctica” porque el veto de marzo expiró el 24 de septiembre y fue sustituido por nuevas directivas.

Así, mientras el Gobierno solicita el sobreseimiento de la causa, los demandantes pidieron a los jueces que sigan sus deliberaciones porque consideran que Trump sigue buscando crear un “veto musulmán” y prohibir la entrada a EE.UU. de miembros de esa religión, como prometió durante la campaña de 2016.

La inclusión en el veto de Corea del Norte y Venezuela, dos países casi sin musulmanes, podría jugar a favor de Trump a la hora de probar que no está discriminando a una minoría religiosa y, por tanto, no viola la Primera Enmienda de la Constitución, que protege la libertad religiosa.

Sin embargo, los demandantes, el estado de Hawái y la Unión para las Libertades Civiles en América (ACLU), defienden que el veto sigue siendo un ataque a los musulmanes porque la mayoría de los viajes de Corea del Norte se encuentran congelados y las restricciones a Venezuela solo afectan a algunos funcionarios.

“La prohibición de 90 días a familiares ahora se ha convertido en una prohibición indefinida con el potencial de separar a familias (musulmanas), y a miles de otras familias, durante años”, afirmó en su petición el abogado de ACLU, Omar C. Jadwat, quien lucha por mantener el caso vivo.

Queda todavía pendiente que Trump proclame nuevas medidas para sustituir la parte de su veto que se refiere a los refugiados y cuya vigencia expira el 24 de octubre.

Para el próximo año fiscal (del 1 de octubre al 30 de septiembre de 2018), Estados Unidos admitirá a un máximo de 45.000 refugiados, el tope más bajo que se ha establecido desde 1980.