LOS ÁNGELES, CA.- Tras buscarse las cosquillas desde las elecciones y chocar en todos los frentes políticos, Donald Trump y las autoridades de California miden esta semana sus fuerzas por la inmigración con la primera visita del presidente de EE.UU. a un estado que se ha declarado abiertamente en contra de sus medidas.

Con la inmigración irregular como telón de fondo y punto de máxima fricción, Trump acudirá el martes 13 de marzo a San Diego para visitar los prototipos ya construidos del muro con México, su polémica y gran promesa en la campaña electoral.

Concretamente, Trump verá en persona los ocho prototipos para el muro que seis empresas han levantado a escasos metros del actual terreno que divide Otay Mesa (California) y Tijuana (México) y que el Gobierno estadounidense comenzó a evaluar el pasado 1 de diciembre.

También está previsto que el presidente de EE.UU. asista a un evento en Los Ángeles de recaudación de fondos para el Partido Republicano.

La visita de Trump llega pocos días después de que la Casa Blanca elevara su pulso con California por la protección de los inmigrantes sin papeles y presentara una denuncia contra varias leyes del estado respecto a las ciudades “santuario”, que limitan la colaboración de las policías locales con las autoridades migratorias federales.

Por ejemplo, una de estas normas más cuestionadas por la Administración Trump llevó a California a proclamarse formalmente el pasado 1 de enero “estado santuario”.

“California está usando todo su poder y el que no tiene para impedir la aplicación de la ley federal. Así que pueden estar seguros de que voy a utilizar todos los poderes a mi disposición para detenerlos”, aseguró el fiscal general Jeff Sessions, muy beligerante con los líderes californianos y que se desplazó esta semana a Sacramento, capital del estado, para desvelar su demanda.

Las autoridades californianas no perdieron ni un segundo en responder.

“En un momento de tormenta política sin precedentes, Jeff Sessions ha venido a California a dividir y polarizar Estados Unidos todavía más”, dijo el gobernador de California, el demócrata Jerry Brown.

También alzó la voz el fiscal general del estado, el latino Xavier Becerra, que ha encabezado varios pleitos en los últimos meses contra las políticas federales.

“No estamos buscando pelea, pero estamos preparados cuando la Casa Blanca amenaza nuestros valores”, señaló.

La demanda sobre la situación de los inmigrantes indocumentados ratifica la declarada enemistad entre la Casa Blanca y el “estado dorado”: el choque entre los límites de las competencias federales y estatales, y, en definitiva, el enfrentamiento entre los Estados Unidos que imagina Trump y la California que se postula como un faro progresista para el resto del país.

No se trata de un rival menor para el Gobierno federal, pues California es el estado más poblado de EE.UU. y la sexta economía del mundo, y alberga industrias de gran poder e influencia como Silicon Valley y Hollywood.

Asimismo, presenta una gran diversidad con una importante población latina, y es un territorio dominado con claridad por los demócratas.

Tras unas elecciones presidenciales en las que la aspirante demócrata, Hillary Clinton, recibió en este estado 3,4 millones de votos más que el polémico magnate, California, icono de resistencia frente a Trump, ha presentado batalla a las autoridades federales en temas como la inmigración, la sanidad, el cambio climático o la regularización de la marihuana para fines recreativos.

La construcción de un muro entre México y Estados Unidos no goza de gran popularidad entre los californianos, ya que siete de cada diez ciudadanos se oponen a esta idea de Trump, según una encuesta del Instituto de Política Pública de California (PPIC) de marzo de 2017.

Sin embargo, el presidente continúa utilizando esta promesa electoral ya desde el Despacho Oval, tal y como se vio el sábado en un mitin que dio en Moon Township (Pensilvania) en el que desveló el contenido de una presunta conversación telefónica que mantuvo con el presidente de México, Enrique Peña Nieto.

“Él dijo: ‘Señor presidente. Me gustaría que hiciera una declaración de que México no pagará el muro’ (…). Yo dije: ‘¿Estás loco? No voy a hacer esa declaración'”, aseguró Trump.

En clave interna, la Casa Blanca pretende utilizar el muro con México como canje: si el Congreso le concede 18.000 millones de dólares a lo largo de diez años para levantarlo, Trump se compromete a autorizar fondos para solucionar la situación migratoria de 690.000 jóvenes indocumentados conocidos como “soñadores”.