LOS ÁNGELES, CA.- Seis “soñadores” amparados por la Acción Diferida (DACA) interpusieron una demanda en California en contra del presidente Donald Trump por cometer una “violación sin precedentes” de sus derechos constitucionales al poner fin al programa que los protege de la deportación desde 2012.
“Teníamos la necesidad de hacer algo ya, es urgente que podamos evitar el fin del programa en seis meses. Hay miles de jóvenes que se van a quedar sin el amparo el 5 de marzo y pedimos a la corte que detenga esta violación”, dijo a Efe Dulce García, una de las demandantes.
García, abogada que tiene su propia oficina en el sur de California, encabeza la lista de los primeros “soñadores” que demandan a la Administración Trump por la decisión de rescindir el programa que creó en 2012 el expresidente Barack Obama para proteger a unos 800.000 indocumentados.
“La decisión del presidente Trump está basada en sus creencias negativas en contra de los mexicanos y latinos. Desde la campaña está hablando mal de nosotros y colocando una mala imagen para poder incumplir una promesa que nos hicieron”, indicó García.
En la demanda, a la que accedió Efe, los “soñadores” acusan al Gobierno de haber violado su derecho al debido proceso al anunciar de manera abrupta el fin de DACA, y de incumplir la promesa que les había hecho el ejecutivo cuando entregaron sus datos y decidieron ingresar al programa.
La abogada, de 34 años y que llegó a EEUU a los 4 años de la mano de su madre, también indocumentada, consideró que la Administración Trump no respeta la institución de la Presidencia, que, en su opinión, debe respetar las promesas que la Casa Blanca hizo a estos jóvenes cuando su inquilino era Obama.
La demanda también argumenta que el Gobierno ha violado la quinta enmienda de la Constitución de EEUU, que establece que todas las personas deben ser tratadas de la misma manera ante la ley y el derecho al debido proceso.
“La decisión de poner fin al programa DACA es una promesa incumplida y una violación sin precedentes de los derechos constitucionales de los demandantes y de otros jóvenes que confiaron en el Gobierno federal para honrar su promesa”, afirma la demanda, interpuesta en la corte del distrito norte de California, en San Francisco.
La mexicana, de 34 años, que tiene su oficina en Chula Vista, un sector a pocas millas de la frontera de California con México, está segura de que con las nuevas prioridades de la Administración Trump un “soñador” detenido después de marzo 5 podría ser expulsado del país en cuestión de horas.
García no es la única abogada “soñadora” que se encuentra en esta lucha. La acompañan Luis Cortés, un abogado protegido por DACA que trabaja en Seattle, y Viridiana Chabolla Mendoza, a quien sus padres trajeron desde México cuando tenía solo dos años y quien este año accedió a la facultad de derecho de la Universidad de California.
“Firmé un contrato de renta por cinco años más. ¿Qué va a pasar con mis clientes si ya no tienen su abogada? Ellos también pierden y como yo hay miles de profesionales que el país está perdiendo”, lamentó García.
La demanda incluye a un joven tailandés para mostrar al Gobierno que solo “los latinos son los afectados”, explicó García.
El Gobierno de Trump anunció el 5 de septiembre el fin de DACA, pero la suspensión del programa no entrará en vigor hasta el 5 de marzo de 2018, periodo en el que el Congreso, el único con poder para cambiar el sistema migratorio nacional, debe aprobar una ley para aclarar la situación de los “soñadores”.
Sin embargo, el Congreso se encuentra actualmente dividido entre los demócratas, unidos para regularizar la situación de los “soñadores”, y la mayoría de los republicanos, que condicionan su ayuda a la obtención de fondos para reforzar la seguridad en la frontera.