LOS ÁNGELES, CA.- El fiscal general Jeff Sessions es el “arma perfecta” de la Administración Trump para hacer cambios perdurables en el sistema migratorio sin recurrir al Congreso, advierten expertos tras su anuncio de no aceptar la violencia doméstica o pandillera como motivo para conceder asilo.

“Desde hace años Sessions ha calculado estas reformas. Él trae un agenda muy estructurada para hacer cambios que van a impactar por décadas el sistema de inmigración en Estados Unidos”, dice a Efe Octavio Pescador, investigador y profesor de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA).

“Sessions es más peligroso que el mismo presidente Trump, él se preparó para este momento, y está aprovechando la oportunidad que el mandatario le entregó en bandeja de plata”, agrega el catedrático sobre el que califica como el “arma perfecta” contra los indocumentados.

Aunque las protestas por las decisiones y órdenes del fiscal general en materia migratoria se han escuchado a lo largo de su gestión, la decisión de no incluir los casos de violencia doméstica como argumento para solicitar asilo político generó una ola de rechazos, especialmente entre expertos en el tema.

Al menos 15 jueces retirados de las cortes de inmigración y de la Junta de Apelaciones de Inmigración (BIA) hicieron pública una carta donde califican la decisión de Sessions como una afrenta al estado de derecho.

“Las consecuencias de vida o muerte que enfrentan los solicitantes de asilo hace que sea extremadamente importante mantener dicho análisis inmune a las consideraciones políticas que los miembros de un gabinete de gobierno”, aseguran los magistrados.

Los reproches se escucharon también entre legisladores. La senadora demócrata por Nevada Catherine Cortez Masto advirtió que “Sessions continúa traicionando los valores estadounidenses de compasión, justicia, y respeto por la ley. Esto no es Estados Unidos”.

Sessions fue el encargado de informar del fin del programa Acción Diferidad (DACA) en un duro golpe para los “soñadores” y ordenó a los fiscales de perseguir por la vía penal a cualquier indocumentado con documentos falsos y poner en la mira a aquellos que alberguen a inmigrantes irregulares y a los padres y representantes legales de niños no acompañados que cruzan la frontera.

La batalla contra las ciudades santuario también es su prioridad, recortando recursos e incluso ha querido llevar a las cortes a aquellos funcionarios que, a su criterio, se interpongan en la aplicación de la ley de las leyes de inmigración.

Para Pescador, las órdenes del fiscal general, especialmente en temas de inmigración, no deberían sorprender a nadie. “Él siempre ha estado contra los indocumentados, incluso alejándose de las propuestas de sus pares republicanos”, insiste.

En su paso por el Senado, el fiscal general aprovechó todas las oportunidades para denunciar a los inmigrantes utilizando términos incendiarios, un estilo que años después fue muy útil a la campaña de Trump.

En 2013 cuando un grupo bipartidista de senadores conocido como el Grupo de los Ocho introdujo un plan de reforma migratoria integral, Sessions presentó medio centenar de enmiendas al Comité Judicial para descarrilar el proyecto que fracasó en la Cámara de Representantes.

Sessions también ha sido un fuerte opositor desde la década pasada de cualquier amparo para los jóvenes “soñadores” y su rechazo al aporte de los hispanos se reflejó aún más cuando se negó a apoyar una resolución que honraba la memoria de César Chavez.

Las posiciones extremas que el conservador había evidenciado en el pasado impulsaron a que 1.100 profesores de leyes se unieran bajo un mismo mensaje para advertir en 2017 que el entonces senador no debería liderar el Departamento de Justicia.

“Estamos convencidos de que Jeff Sessions no aplicará de manera justa las leyes de nuestra nación y promoverá la justicia y la igualdad en los Estados Unidos”, decía la carta firmada por destacados juristas como Laurence H. Tribe, de la Universidad de Harvard.

“Todos lo sabían, pero se tenía la esperanza que la compasión y el sentido de humanidad hiciera que Sessions suavizara su posición, pero no fue así”, insiste Pescador.

Los cambios estructurales que ha promovido en inmigración en el Departamento de Justicia no han escatimado detalles.

La orden de impedir que los jueces de inmigración puedan cerrar los casos administrativamente es un ejemplo del poder que Sessions está implantando a todos los niveles.

Para Benjamin Johnson, Director Ejecutivo de la Asociación Americana de Abogados de Inmigración (AILA), las decisiones de Sessions no deben ser la última palabra.

“Sin dudas, este caso será litigado y recurriremos a los tribunales federales independientes para intensificar y rectificar este capítulo vergonzoso en la historia de nuestro país”, asegura en un comunicado de este martes.

Pescador coincide con Johnson, e incluso propone ir más allá y pedir la unión de grandes juristas para desafiar a Sessions y su agenda.

“Si no lo hacemos y dejamos que estas políticas de odio marquen a nuestra sociedad esto nos va a cobrar la factura en el futuro”, vaticina.