Los Ángeles, CA.- Por segundo año consecutivo, California logra un amparo legal que impide al Gobierno imponerle requisitos sobre los casi 30 millones de dólares en subvenciones para la seguridad pública, según dijo el Fiscal General del estado, Xavier Becerra.

Una corte en el Distrito Norte de California encontró que tales requisitos son ilegales e inconstitucionales, en referencia a que la Administración actual ha intentado dos veces retener los fondos federales asignados al estado bajo el argumento de que éste no cumple pautas de colaboración para combatir la inmigración indocumentada.

En su comunicado, Becerra aseguró que California está en la tarea de la seguridad pública y no de la aplicación de la ley de inmigración.

“Los imprudentes intentos de la Administración Trump de bloquear los fondos a California a menos que acepte el esquema de deportación (…) ponen en riesgo la seguridad de nuestras comunidades y obstaculizan el trabajo de nuestra policía”, añadió el Fiscal.

El tribunal también concedió la solicitud del Estado Dorado de una orden judicial a nivel nacional que protege la financiación para las jurisdicciones en todo el país.

Esta parte de la medida no entrará en efecto hasta que la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito dé un fallo.

La pelea entre California y la Administración por los fondos para la seguridad pública comenzó en 2017, cuando el exfiscal general de EEUU, Jeff Sessions, los restringió a aquellos estados que promovieran ciudades “santuarios”.

En agosto de 2017, California interpuso una demanda y obtuvo una victoria en octubre del año pasado.

Becerra demandó a la Administración el 23 de agosto del 2018 por 28,9 millones de dólares, los fondos correspondientes a ese año fiscal.

Por su parte, la ciudad de Los Ángeles, a través de su fiscal, Mike Feuer, presentó una segunda demanda contra el Departamento de Justicia (DOJ) por retener más de un millón de dólares destinados a la seguridad de la ciudad el año pasado, y aún espera una respuesta. California implementó desde enero de 2018 varias regulaciones que la pusieron a la cabeza del país en protecciones a inmigrantes y como estado “santuario”.

“Continuaremos luchando para garantizar que las agencias de aplicación de la ley en California tengan los recursos necesarios para promover la seguridad pública”, afirmó hoy Becerra.