ENCINAL, TX.- La paciencia de un ranchero de Encinal, 40 kilómetros al norte de Laredo, Texas (EE.UU.), con las autoridades se agotó al descubrir en sus tierras una cámara de vigilancia de la Patrulla Fronteriza, hallazgo que desató una disputa legal sobre el ingreso de agentes a propiedad privada.

Ricardo Daniel Palacios Salinas, el demandante y dueño de cerca de 400 hectáreas que se encuentran a 45 kilómetros de la frontera con México, espera que sea un juzgado quien dictamine una pronta solución a ese conflicto.

Palacios ha presentado una demanda contra la Patrulla Fronteriza y la dependencia policial Texas Rangers.

“La patrulla fronteriza se metía sin permiso, sin causa alguna, hasta que les puse alto”, señaló Palacios, que también es abogado, durante una entrevista con Efe en su rancho.

Allí, el granjero administra una empresa dedicada a la cría de ganado vacuno, y también tiene su oficina donde ejerce la abogacía.

Hace pocas semanas, Palacios encontró una cámara de vigilancia inalámbrica atada con bandas de caucho a uno de los tantos árboles sembrados en su propiedad.

“La bajé, la apagué, le quité las baterías y al cabo de unos días un inspector de la Patrulla Fronteriza me pregunta si yo tengo la cámara. Me la pidió y fui tajante en decirle que no se la daría porque la usaría en una demanda en su contra por ingresar a propiedad privada sin permiso”, explicó el granjero.

Luego, según comentó, recibió otra llamada de otro agente de la Patrulla Fronteriza donde le exigía el retorno de la cámara porque “también le pertenece al Estado de Texas”, específicamente a la Oficina de la Procuraduría.

“Lo mismo sucedió con los Texas Rangers. Me llamaron para decirme que si no la entregaba (la cámara) podrían arrestarme por robo”, agregó.

Palacios entonces contrató los servicios de los abogados David Almaraz y Raúl Casso para presentar una demanda en la corte federal del Distrito del Sur de Texas en la que exige, además de medio millón de dólares en reparación civil, que el Gobierno declare a su rancho fuera del límite que establece la ley para el ingreso de agentes.

Palacios ha convertido al poblado de Encinal, donde viven alrededor de 600 personas, en un centro mediático desde que presentó la demanda.

La ley permite a las fuerzas del orden ingresar a terrenos privados para patrullar la zona siempre que las tierras no excedan los 40 kilómetros de distancia reglamentaria con la frontera con México.

El ranchero de Encina aseguró a Efe que su propiedad está a 45 kilómetros de esa frontera.

Según Palacios, como se señala en la demanda, han sido varios los encuentros y las llamadas de atención a los agentes de la Patrulla Fronteriza en los últimos años, a los que ha encontrado dentro de sus tierras sin contar con su permiso o con una orden judicial.

De acuerdo con uno de los abogados de Palacios, el caso de su cliente podría convertirse en el primero en su tipo en Texas a través del cual un civil reta al Gobierno federal “y los pondría en su lugar”, si es que estuvieran violando la ley.

“Desde ese punto de vista, de que los agentes federales deben cumplir la ley, es sumamente importante para nuestro sistema legal que alguien tome la iniciativa de llamarles la atención y decirles que no tienen libertad absoluta para violar la ley cuando les dé la gana”, sostuvo el letrado Raúl Casso.

El abogado dijo también que su cliente desconoce cuándo fue que se instaló la cámara de vigilancia hallada en uno de los árboles, pero al parecer forma parte de una operación especial administrada por los Texas Rangers y por el Departamento de Seguridad Pública de Texas.

Tanto Palacios como sus abogados quieren que esta demanda sirva como punto de partida para localizar cámaras instaladas incorrectamente, entre cientos de equipos similares que se han instalado a lo largo de la frontera de casi 2.000 kilómetros que Texas comparte con México y que fueron colocados bajo un programa denominado “Operation Drawbridge” (Operación Puente Levadizo).

Las cámaras como la que encontró Palacios están equipadas con un sistema de navegación satelital que permite a las agencias del orden localizar el dispositivo y transmitir información sobre el ingreso de inmigrantes ilegales y de tráfico contrabandista.

Según se puede leer en el sitio web del Departamento de Seguridad Pública de Texas, las cámaras de “Operation Drawbridge” trabajan 24 horas todos los días de la semana y son “absolutamente esenciales para proteger a Texas y la nación de los cárteles mexicanos y sus operaciones de tráfico y tráfico de drogas y de personas”.