LOS ÁNGELES, CA.- Jóvenes indocumentados advierten que, en caso que el presidente Donald Trump cancele la Acción Diferida (DACA), utilizarán todos los recursos posibles para mantener en privado los datos personales que entregaron para acceder a este amparo migratorio y que podrían ser utilizados en su contra.

“Es una de nuestras mayores preocupaciones y hablamos de esto con la senadora Kamala Harris para que se comprometa a que nuestros datos no serán compartidos con agencias de deportación como el ICE”, advirtió a Efe Melody Klingenfuss, vocera del grupo California Dream Network.

El miedo es latente en la familia de Eduardo, un joven salvadoreño amparado por DACA quién no quiso revelar su apellido. Desde que la Administración Trump amenazó con cancelar el amparo migratorio la zozobra se apoderó del hogar del inmigrante, que vive con su padre y una hermana mayor.

“El único de la casa que tiene una protección soy yo, el año pasado a mis padres les negaron un caso de asilo y, aunque apelaron, el abogado nos dijo que ya tienen una orden de deportación, así que con mi información podrían ir tras ellos”, explicó Eduardo.

En este panorama los datos que Eduardo reveló de buena fe al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) se podrían convertir en un camino para que encuentren a los padres del joven.

“Me va tocar irme a vivir solo, porque el abogado dice que si vienen por mí todavía tengo posibilidades de pelear mi caso frente a un juez, pero mis padres no”, dijo con la voz entrecortada.

Teresa Tejada, directora de la Asociación de Salvadoreños de Los Ángeles (ASOSAL), asegura que ante la cancelación de DACA miles estarían viviendo la disyuntiva que vive la familia de Eduardo.

“La mayoría de amparados de DACA tienen padres indocumentados y no quieren exponerlos, si tienen que regresar a las sombras tendrán que hacerlo en peores condiciones y separados de su familia”, indicó.

Aunque ya tiene planes para cambiar de residencia y de trabajo, Eduardo prefiere no salir de California, pues cree que las políticas del estado y la posibilidad de tener una licencia como indocumentado le dan más opciones para vivir en las sombras.

Las opciones de Eduardo no las tienen soñadores como Angélica Villalobos, una madre de 4 hijas que vive en Oklahoma y que perdería hasta la licencia de conducir si la Administración Trump elimina DACA.

Villalobos, de 31 años y oriunda de Guanajuato, México, ha sido una defensora acérrima de la privacidad de los datos que más de 800.000 soñadores entregaron a las autoridades federales y encabezó una demanda el año pasado para que se proteja la información que los “soñadores” entregaron para obtener los permisos de trabajo.

“Estamos en un momento muy delicado porque incluso con el amparo vigente y bajo la administración (del presidente Barack) Obama vimos como opositores de los “dreamers” querían nuestra información”, recuerda Villalobos.

La demanda de Villalobos y otros tres “soñadores” exigía al Departamento de justicia apelar la orden del juez federal del Quinto Circuito, Andrew Hanen, que exigía obtener del Gobierno los datos privados y personales de unos 100.000 “soñadores”, pero a pocos días de que Trump tomara posesión el juez retiró la petición.

Pero Villalobos y sus compañeros no dejaron la lucha, la “soñadora” pidió al presidente de la Cámara de Representantes, Paul Ryan, a que se cumpla el compromiso de mantener en privado esta información.

“En enero me dijo que respetaba ese compromiso y que no se debería compartir con nadie esa información. Ahora necesitamos que ratifique ese compromiso”, insistió Villalobos, quién hoy llegó a la capital del país para reunirse con Ryan.

A pesar de que sus cuatro hijas de 17, 13, 10 y 8 años nacieron en Estados Unidos, Villalobos tuvo que compartir la información de las cuatro menores, y esta es la información que más quiere proteger: “No sabemos qué puedan hacer con esto o como quieran utilizarlo contra uno”

Dulce Matuz, líder del Arizona Dream Act Coalition, es consciente de que todo indocumentado que declara impuestos comparte información con el Gobierno. No obstante, el Departamento del Tesoro no comparte estos datos.

La activista cree que la defensa se debe concretar en la información de las actas de nacimiento, donde se establece la identidad de los padres, fecha y lugar de nacimiento.

“Así nos quiten el beneficio vamos a seguir en la lucha, en las cortes, en las manifestaciones, pero lo que no queremos es perjudicar a nuestros padres. Es injusto”, recalcó.

El también indocumentado y abogado de inmigración Luis Cortés coincide con Villalobos y Matuz sobre la necesidad de no abandonar la pelea de proteger los datos personales y de librar la batalla en las cortes para defenderlos.

La historia de Cortés salió a la luz cuando asumió la defensa de Daniel Ramírez Medina, considerado el primer “soñador” detenido por Inmigración tras la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca.

“Las injusticias siempre se van a ver y nuestro trabajo es sacarlas a la luz, no podemos quedarnos callados”, advirtió Cortes.

Mientras la lucha está declarada por todos los flancos, Eduardo se prepara para asumir la vida que por años vivieron sus padres en las sombras.

“Si ellos pudieron y están haciéndolo, yo también lo voy a hacer, para terminar mi carrera y poner mi negocio. Yo no me voy a dar por vencido”, dijo.