LOS ÁNGELES, CA- La Policía del condado de Contra Costa, en el norte de California, aseguró que miembros de la organización Iniciativas Comunitarias para Visitar Inmigrantes en Confinamiento (CIVIC) ingresaban “contrabando” a un centro de detención que visitaban y les retiró el permiso para entrar.

En un mensaje publicado este jueves en su página de Facebook, la oficina del alguacil David Livingston aseguró que miembros de CIVIC han “infringido las reglas repetidas veces” al enviar contrabando y “depositar dinero en las cuentas de inmigrantes detenidos” en el Centro de Detención del Oeste del Condado (WCDF), situado Richmond.

Aseguran además que proporcionaron sus números de teléfono personales y direcciones a personas encarceladas y transmitieron mensajes a familiares y amigos de los arrestados.

Por este motivo, la oficina del alguacil canceló este jueves la autorización para que los voluntarios ingresaran al centro al considerar que unos 20 miembros de CIVIC violaron las reglas de interacción con las personas encarceladas.

CIVIC negó las acusaciones al asegurar que la decisión de revocar los permisos son una represalia por las denuncias hechas el año pasado por las condiciones en las que se encontraban los reclusos a cargo de Livingston y hoy convocó a una manifestación frente WCDF.

En 2011 CIVIC instauró un programa de visitas de voluntarios a los detenidos y una línea telefónica gratuita para inmigrantes arrestados por ICE en WCDF.

En noviembre pasado la organización publicó una carta en la que 27 reclusas aseguraron que sufrían encierros prolongados de hasta 23 horas al día y tenían que usar bolsas de plástico para hacer sus necesidades.

Las denuncias llamaron la atención del congresista Mark DeSaulnier, quién solicitó una investigación sobre las supuestas arbitrariedades, a finales del año pasado.

Tras las indagaciones, Livingston decidió cancelar el permiso a los voluntarios de este grupo, que apelarán la decisión.

“La constitución no es opcional. No se puede ignorar en un intento de silenciar a los críticos del sistema de detención de inmigrantes”, dijo Christina Fialho, abogada y directora ejecutiva de CIVIC.

“ICE y el condado están tratando de hacernos elegir entre nuestros derechos a aplicar la Primera Enmienda (que protege el derecho de reunión pacífica) y visitar a nuestros amigos en detención de ICE. Esta no es una opción que nuestro gobierno puede pedirnos legalmente que hagamos”, advirtió Fialho.

Hace dos semanas el Departamento del Alguacil canceló la línea telefónica gratuita establecida por CIVIC.

Tras exigir una explicación, la organización recibió un correo de la Capitan Kristi Butterfield de WCDF, donde decía que la decisión se dio después de una “investigación exhaustiva” de los “correos electrónicos, llamadas telefónicas, entrevistas de radio y periódicos” de CIVIC y que “la organización representa un riesgo de seguridad y protección para la WCDF”.