NUEVA ORLEANS.- Los abogados de varias administraciones locales de Texas y defensores de los inmigrantes dijeron el martes ante una corte federal de apelaciones que la ley de Texas que pretende combatir las llamadas ciudades santuario supone cargas ilegales e inconstitucionales para las autoridades locales.

La Legislatura de Texas aprobó la norma en primavera. El texto obliga a las policías locales a acatar las peticiones federales de inmigración para detener a personas que pudieran ser deportadas.

La ley también permite a la policía preguntar sobre la situación migratoria de una persona durante interacciones rutinarias como paradas de tráfico. Expone a algunos cargos de seguridad a ser destituidos y recibir cargos penales si no cumplen la norma.

Los impugnadores alegaron, entre otras cosas, que la ley coloca a los agentes locales en el papel de agentes federales de inmigración y les deja en una posición de violar los derechos constitucionales de los detenidos contra la búsqueda y captura ilegal. Los detractores también alegan que algunos fragmentos de la ley son inconstitucionales porque son vagos sobre cómo deben exactamente los policías locales cumplir sus obligaciones respecto a la ley migratoria.

Miembros del comité de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 5to Circuito tomaron declaración a los detractores de la ley y la juez Edith jones pareció mostrarse escéptica sobre algunas de sus afirmaciones. Jones y el juez Jerry Smith cuestionaron la competencia legal de un municipio para presentar una demanda amparándose en la Cuarta Enmienda de la Constitución, que según dijeron suele reservarse a un individuo que se haya visto perjudicado, más que a una entidad gubernamental.

Jones también puso en duda los argumentos de que la ley sea vaga con su prohibición de patrones o prácticas que “limiten de forma material” la aplicación de la legislación migratoria. “Todos lo reconocemos cuando lo vemos”, dijo Jones, que también dijo que la carga colocada sobre la policía local parecía pequeña. “Equivale a hacer llamadas de teléfono”, afirmó.

Lee Gelernt, abogado de la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) que representaba a la ciudad fronteriza de El Cenizo, se mostró en desacuerdo. El letrado afirmó que la ley, conocida como SB4, elimina la capacidad de la policía local de priorizar las acciones de seguridad bajo una amenaza constante de multas penales o incluso destitución del cargo.

“En el pasado, uno podía cooperar como quisiera y no era sancionado”, dijo Gelernt más tarde fuera del tribunal. Con la nueva ley, afirmó, las autoridades locales podrían verse obligadas a participar en redadas u otras acciones. “Es un lastre sobre las grandes ciudades, pero también es un lastre para ciudades como El Cenizo (…) donde hay muchos menos policías”.

Los demandantes afirman que la ley tiene una redacción tan amplia que algunos policías locales podrían afrontar sanciones siquiera por hablar en contra de la norma, un argumento que fue disputado por el abogado general de Texas, Scott Keller.

El tribunal no indicó cuándo emitiría su veredicto.

Entre los impugnadores se encuentran las ciudades de Dallas, Houston, El Paso, San Antonio y Austin, representadas por funcionarios municipales. ACLU representa a la pequeña El Cenizo. La Liga por la Defensa Legal y Fondo Educativo Mexicano Estadounidense representa otras localidades.

El gobierno del presidente Donald Trump defiende la ley. El departamento de Justicia federal se ha sumado a la defensa.