WASHINGTON, DC.- El plan conocido como “tolerancia cero” impulsado este mes por el fiscal general, Jeff Sessions, ha incrementado en un 22 % el número de niños en los refugios gestionados por el Departamento de Salud y Servicios Humanos, según datos facilitados hoy a Efe por esa división federal.

Las cifras a fecha de hoy muestran que 10.859 niños inmigrantes se encuentran actualmente en esos albergues de propiedad federal, comparados con los 8.886 menores que se encontraban en la misma situación a finales de abril, antes de que la polémica medida entrara en vigor.

El Departamento de Justicia anunció el 6 de mayo que presentará cargos penales contra todos los extranjeros detenidos cruzando la frontera ilegalmente, un esfuerzo que pretende frenar la inmigración clandestina dentro del marco del plan “tolerancia cero”.

Esta regla envía a los padres a custodia penal y a los niños a refugios financiados con fondos federales supervisados por el Departamento de Salud, la mayoría de ellos situados cerca de la frontera con México.

“Esta es una norma muy problemática y lo único que va a hacer es aumentar el número de niños separados de sus padres. Muchas familias van a ser alejadas y eso también va a implicar más costos para los contribuyentes”, señaló a Efe Jacinta Ma, directora de políticas del National Immigration Forum.

Por ahora, el 95 % de las camas en los 100 refugios propiedad del Gobierno están ocupadas, aunque hay 1.218 más disponibles en caso de que sea necesario, explicó a Efe Kenneth Wolfe, de la división de Niños y Familias del Departamento de Salud.

En este sentido, la directora de derechos civiles de la Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC), Rosa Rosales, consideró en un comunicado enviado a Efe que estos niños “pertenecen a sus familias o a las comunidades en las que grupos civiles puedan asegurar su seguridad y representación”.

Uno de los problemas añadidos que enfrentan ahora los menores no acompañados que se encuentran en los albergues federales es que sus padres “parecen menos dispuestos a reclamar a sus hijos”, según dijo a Efe la asesora de la Comisión de Mujeres Refugiadas, Leah Chavla.

“Tienen miedo a presentarse para recoger a sus hijos por todas las acciones antiinmigratorias de la actual Administración, que tiene como objetivo separar familias y deportar a cualquier persona que haya entrado irregularmente”, apuntó Chavla, cuya organización tiene sede en Washington.

Según datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el plan “tolerancia cero” ha provocado ya la separación de más de 650 niños de sus padres.

Concretamente, entre el 6 y el 19 de mayo, un total de “658 niños y 638 adultos” fueron separados en la frontera sur del país con México, tal como explicó la semana pasada el subdirector del programa de operaciones de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), Richard Hudson.

Los defensores de esta política argumentan que es una medida en pro de la seguridad nacional del país, una idea que para Chavla es “equivocada”.

“Los números en la frontera son los más bajos en décadas, no tiene sentido ese argumento”, añadió.

Según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), en abril los agentes de la Patrulla Fronteriza detuvieron a 50.924 inmigrantes, un dato similar a los registrados durante los años bajo el mandato del ex presidente Barack Obama (2009-2017).

Sin embargo, poco después de la llegada del presidente, Donald Trump, a la Casa Blanca, los cruces fronterizos cayeron a mínimos históricos antes de volver a repuntar a finales del año pasado, algo que ha frustrado al magnate y que le ha llevado a incrementar su interés en proteger el linde con México.

En los últimos días, la polémica en términos migratorios ha girado en torno a 1.475 inmigrantes menores de edad que fueron separados de sus padres al solicitar asilo en la frontera sur del país y que las autoridades no han podido localizar.

Diversos funcionarios del Ejecutivo, no obstante, restaron importancia esta semana a este hecho, rechazaron que los menores estén desaparecidos y aseguraron que esta situación se debe a los “vacíos legales” heredados de la anterior Administración del presiente Barack Obama.