CHICAGO, IL.- Activistas y políticos locales pidieron hoy la intervención del gobernador de Illinois, Bruce Rauner, para evitar la deportación del mexicano Miguel Pérez Jr., un veterano de guerra condecorado que combatió en Afganistán en las fuerzas especiales de Estados Unidos.

Aunque tiene residencia permanente, Pérez enfrenta la posibilidad de ser enviado a México después de haber cumplido una pena de siete años en una prisión estatal por un delito grave, y de haber pasado un año en un centro de detención de inmigrantes en Wisconsin.

“Un perdón del gobernador sería una muestra de su apoyo a los veteranos de guerra y sus familias”, declaró Sara Walker, del grupo La Familia Unida, en una conferencia de prensa realizada en las oficinas de la Gobernación en Chicago.

Los activistas quieren agregar el perdón a otras gestiones que realizan para evitar la deportación de Pérez, de 39 años, entre ellas una solicitud de naturalización retroactiva, algo que nunca fue intentado antes.

El concejal mexicoamericano Daniel Solís, del Distrito 22, dijo que el gobernador republicano “fue muy valiente” al promulgar recientemente la ley que declara santuario para indocumentados a todo el estado de Illinois, y “ahora debe dar un paso más”.

Pérez fue condenado por haber entregado un maletín de cocaína a un oficial de policía encubierto.

En su defensa, argumentó que se implicó en este problema por su adicción a las drogas y el alcohol, que consumía para combatir los efectos del trastorno por estrés postraumático (TEPT) debido a su participación en operaciones militares.

Sus abogados sostienen que su vida correría peligro en México, país que dejó cuando tenía 8 años de edad, y donde podría ser blanco de los cárteles de drogas, interesados en reclutar a veteranos con experiencia en combate.

El caso de Pérez, que fue tratado recientemente por la Junta de Clemencia del estado, ha movilizado a la comunidad latina de Chicago, y a varios representantes estatales y federales que escribieron cartas de apoyo.

Asimismo, el Concejo Municipal de Chicago, la Junta de Comisionados del Condado de Cook y las dos cámaras de la Asamblea Legislativa de Illinois aprobaron resoluciones que piden alivio federal para los soldados indocumentados que cometan crímenes no violentos.