WASHINGTON.- La gran mayoría de los salvadoreños que perderán el Estatus de Protección Temporal (TPS) en septiembre de 2019 por orden del presidente Donald Trump, preferirán quedarse de manera ilegal en EE.UU. antes que volver a El Salvador, advirtieron hoy varios expertos en migración.

El motivo, según los expertos que hoy participaron en un encuentro parta estudiar este asunto en Washington, es la grave violencia y la fuerte presencia de bandas criminales en El Salvador, a lo que se suma la escasez de trabajo en su país de origen.

“La gran mayoría de los salvadoreños, que son productivos para nuestra economía, se van a quedar aquí de manera ilegal antes que regresar a un país en el que hay violencia criminal y que quizás no han pisado en las últimas dos décadas”, apuntó el presidente del Instituto de Política Migratoria, Andrew Selee.

EE.UU. decidió conceder el TPS a más de 250.000 salvadoreños que estaban en el país en febrero de 2001 tras los devastadores huracanes que sufrió El Salvador ese año, pero la medida dio protección migratoria a otros nacionales que habían llegado en las dos décadas anteriores huyendo de la guerra civil salvadoreña.

Trump decidió en enero no renovar el TPS a los 190.000 salvadoreños actualmente acogidos, y les dio hasta septiembre de 2019 para marcharse o buscar una salida legal a su situación.

La exministra de Asuntos Exteriores (1999-2003) de El Salvador María Eugenia Brizuela, que también participó en el encuentro, aseguró que el país centroamericano “no está preparado para recibir una repatriación masiva de beneficiarios de TPS”.

“A pesar de que El Salvador se encuentra actualmente en una fase democrática para combatir la violencia, la corrupción y la falta de empleo, no está listo para una repatriación masiva de los titulares de TPS”, aseguró Brizuela.

De hecho, únicamente se crearon 3.000 empleos durante 2017 en El Salvador, un país con una población de 6,3 millones de personas, de las que medio millón se encuentra sin trabajo, según datos que la misma Brizuela ofreció.

Otro de los principales miedos de los expertos es que los 192.000 estadounidenses hijos de los beneficiaros del TPS pasarían a ser vulnerables al reclutamiento de pandillas en El Salvador como figuras intermediarias entre Centroamérica y EE.UU.

Por otro lado, la exministra opinó que acabar con el TPS es una medida “contraria” a la habitual política exterior de EE.UU. y advirtió que perjudicará a la economía estadounidense.

“Habría una necesidad masiva en el mercado laboral si los titulares de TPS se ven obligados a irse”, indicó Berzuela, que recordó la importancia de sus compatriotas en los sectores de la construcción y los servicios.

En concreto, el 24 % de los salvadoreños beneficiarios de TPS trabajan en la construcción (frente a un 4 % del total de la población de EE.UU), y el 20 % de ellos lo hacen en el sector servicios (en comparación con el 1 % de los estadounidenses).

Para Óscar Chacón, director ejecutivo de Alianza Américas, una asociación compuesta por distintas organizaciones que velan por los derechos de los migrantes, EE.UU. debería encontrar una solución permanente para que estos salvadoreños se queden de manera legal.

“Los salvadoreños con TPS han echado raíces aquí y son miembros completamente integrados de la sociedad estadounidense; proporcionarles residencia legal permanente es una decisión lógica y humana”, sentenció Chacón.

En este sentido, Andrew Selee consideró que es “problemático” que el sistema migratorio estadounidense no establezca un camino a la ciudadanía para personas que “han vivido, trabajado, creado familias y pagado impuestos durante muchos años” en el país.

“No contamos con un mecanismo para reconocer oficialmente el hecho de que alguien ha estado aquí por muchos años y se ha convertido en parte de nuestra realidad”, criticó el experto.

Además de eliminar recientemente la protección para los salvadoreños, la Administración Trump decidió terminar a final de 2017 con el TPS para los nacionales de Haití (59.000), de Nicaragua (5.000) y Honduras (86.000).