Cuando Thomas Homan, director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de Estados Unidos, se despertó el domingo con la noticia del hallazgo de migrantes muertos en el remolque de un abarrotado camión en el exterior de un Walmart de San Antonio, su mente viajó a 2003, cuando estuvo en la parte trasera de otro que transportaba a 19 inmigrantes muertos a unos 200 kilómetros (120 millas) al sureste de la ciudad.
“Es triste que 14 años después la gente siga entrando de forma ilegal en camiones”, dijo. “Sigue sin haber agua, sigue sin haber ventilación. Estas organizaciones criminales solo piensan en el dinero”.
Las inquietantes similitudes entre estas dos tragedias demuestran que los contrabandistas de personas han encontrado un modelo de negocio duradero en el transporte de grandes grupos -a menudo camiones- a través de una compleja red de guías a pie, operadores de casas de seguridad y conductores.
Un detalle sobre el macabro hallazgo del domingo, con 10 muertos y docenas de heridos en la caja del vehículo, da una pista del grado de sofisticación y del músculo organizativo de la trama: los pasajeros llevaban cintas de colores para repartirse en grupos más pequeños, y seis camionetas deportivas negras los esperaban en un punto de paso para llevarlos a su destino.
Los grandes camiones son un método popular en el tráfico de personas desde principios de la década de 1990, cuando aumentaron los controles de seguridad en San Diego y El Paso, Texas, que entonces eran las rutas más concurridas para entrar de forma ilegal al país. Antes de eso, la gente pagaba pequeñas cantidades de dinero a operadores de menor nivel para que los guiasen por una frontera en su mayoría desprotegida. A medida que los pasos se complicaron tras los ataques del terroristas de 2001 en Nueva York y Washington, los migrantes fueron reconducidos a terrenos más peligrosos y pagaban miles de dólares más.
Guadalupe Correa Cabrera, politóloga en la University of Texas, dijo que los migrantes que entrevistó el año pasado en el sur de Texas pagaron entre 2.000 y 3.000 dólares más por cruzar en tráileres abarrotados, que consideran una opción más efectiva, rápida y segura que caminar por el desierto hasta un punto de recogida lejos de la frontera. Cientos de migrantes fallecen anualmente en el desierto, perdidos y deshidratados por el intenso calor.
El aumento en el uso de camiones coincidió con el incremento del comercio con México bajo el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN/NAFTA). Esto permitió a los contrabandistas integrar a los migrantes más fácilmente en su carga, especialmente en la Interestatal 35 desde Laredo, Texas, a San Antonio, según Correa. Caminar por el desierto expone a los migrantes al control de los agentes fronterizos estadounidenses.
Las mujeres, algunas viajando con menores, creen que corren menos riesgo de violación en un camión que en el desierto porque en el primero hay más testigos, agregó, Correa. “Montar en un gran camión, agregó, es “el trato VIP”.
Para los contrabandistas, las ventajas de usar camiones son también más.
“Es como cualquier otro negocio: cuánto más mueven, más beneficio sacan”, apuntó Homan. “En lugar de llevar a cuatro en un auto, el margen de beneficio de los camiones es mucho mayor”.
Los conductores de los camiones son peones de una gran máquina. Se reclutan en casinos y otros lugares de Estados Unidos donde las bandas buscan a personas con mala suerte en el juego, desesperados por obtener dinero fácil y poco propensos a hacer preguntas.
James Matthew Bradley Jr., que compareció el lunes por primea vez ante un juez en San Antonio acusado de tráfico de personas, dijo a las autoridades que pensaba que transportaba un vehículo vendido desde Schiller, Iowa, a Brownsville, Texas, y que no sabía qué había en el interior del remolque, según la demanda. No tenía fecha límite ni dirección a la que llevar el vehículo agregó.
Otros guías cruzan a los migrantes desde México en autobús. Otros los acompañan en un duro viaje a través del Río Grande o del desierto hasta un escondite o hasta una casa cercana donde pueden llegar a esperar días o semanas. Finalmente, las organizaciones los trasladan a grandes ciudades como Phoenix, Houston o San Antonio.
“Imagino que el porcentaje que ganan es muy, muy alto”, señaló Adam Isacson, de Washington Office on Latin America, un grupo de defensa de los derechos humanos. “Aunque pierdan algo de reputación por episodios como este, sus márgenes de beneficio siguen siendo lo suficientemente altos como para que funcione. De otra forma, la gente no pagaría”.